10 meses de prisión para los ganaderos que cometieron un asalto a la Junta de Ganaderos
En un veredicto histórico, la justicia ha condenado a 10 meses de prisión a los ganaderos que cometieron un asalto a la Junta de Ganaderos en una fecha reciente. La sentencia ha generado un gran impacto en la comunidad agrícola y ha sido recibida con satisfacción por parte de los afectados. El asalto a la Junta de Ganaderos había generado un clima de inseguridad en el sector y esta condena se considera un paso importante hacia la restitución de la confianza en las instituciones. La Fiscalía había pedido una pena de 12 meses de prisión, pero finalmente el juez ha optado por una pena de 10 meses. Los condenados deben ingresar a prisión de inmediato.
Condenados a 10 meses de prisión los ganaderos que asaltaron la Junta de Ganaderos
El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca condenó a diez meses de prisión a cada uno de los ocho ganaderos identificados en la protesta del pasado 5 de junio de 2023 ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina.
La sentencia aprecia un total de tres delitos en los que los ganaderos aceptaron de conformidad haber incurrido, incluyendo desórdenes públicos, por el que fueron condenados a tres meses de cárcel, al de atentado, por el que deberán cumplir otros tres, y el de daños en bienes públicos que, en este caso, conlleva la pena de cuatro meses y el pago de 900 euros de multa para los ocho participantes condenados.
Altercados y agresiones
Según recoge la sentencia, la concentración estaba comunicada, en tiempo y forma, por la plataforma Unión por la Ganadería, con las 12.00 como hora de inicio y las 15.00 como hora de cierre. Desde un primer momento, asistieron alrededor de 500 personas, todos ellos ganaderos salamantinos y de otras provincias de la Comunidad.
Muchos de ellos, señala el texto, se presentaron provistos de palos y 'cayados', además de petardos de gran potencia, que hicieron detonar, y bengalas. En un primer momento, golpearon con los palos el suelo y las paredes del edificio de la Junta y, a continuación, procedieron al lanzamiento de pintura y huevos contra sus ventanales.
La intervención policial
El edificio estaba custodiado y protegido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la unidad UPR de Salamanca, apoyada por un subgrupo de las UIP con base en Valladolid en previsión de posibles incidentes. El clima de tensión creció sobre las 13.08 horas, momento en que a un grupo reducido de representantes de los ganaderos se les permitió el acceso al interior de la Delegación Territorial para ejercer funciones de mediación con representantes de la Junta de Castilla y León.
Daños y perjuicios
Los daños suman un importe de 9.079,84 euros, según presupuesto aportado de sustitución de vidrios en la puerta giratoria, más otros 754,77 euros de la limpieza posterior del edificio y 3.415,95 euros por desperfectos causados en las ventanas de los despachos del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.
Igualmente, se produjeron diversos desperfectos en material policial, manchas de pintura en los uniformes de varios agentes y el deterioro en medios de protección, armas y elementos propios asignados a los policías por un importe total de 246,02 euros.
Conflictos en el sector
La concentración partía del conflicto existente entre el sector ganadero y las diferentes administraciones públicas, debido a los protocolos de vacunación establecidos en la provincia de Salamanca contra la enfermedad de la lengua azul y las patologías de salud animal relacionadas con la tuberculosis bovina y su transmisión.
La falta de soluciones exigidas por los ganaderos originó un aumento de la tensión y la Junta de Castilla y León, el día 10 de mayo del 2023, aprobó una resolución que flexibilizaba las exigencias de la Unión Europea y su desarrollo normativo en España. Dicha resolución no fue aplicada por parte de los funcionarios de sanidad por entenderla contraria a la normativa estatal y europea.
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