- Exalcalde de Granada enfrenta posibles penas de cárcel por acoso y agresión sexual a una edil local
- Fiscalía pide cuatro años de cárcel para exalcalde de El Pinar por acoso y agresión sexual
- Medidas de protección para la víctima
- Relación laboral que se tornó totalmente denigrante
- Consecuencias para la víctima
- Acusación particular
- Dimisión del exalcalde
Exalcalde de Granada enfrenta posibles penas de cárcel por acoso y agresión sexual a una edil local
La situación política en Granada se vuelve cada vez más tensa después de que el exalcalde de la ciudad fuese imputado por delitos de acoso y agresión sexual contra una edil local. Según las investigaciones, el exmandatario habría cometido estos delitos durante su estancia en el cargo, aprovechando su posición de poder para acosar y agredir a la víctima. Ahora, el exalcalde enfrenta posibles penas de cárcel, lo que supondría un duro golpe para su carrera política y su reputación. La justicia española debe investigar a fondo este caso y hacer justicia a la víctima.
Fiscalía pide cuatro años de cárcel para exalcalde de El Pinar por acoso y agresión sexual
La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel para el exalcalde de El Pinar, Francisco Titos (PP), por delitos de acoso y agresión sexual supuestamente cometidos durante meses contra una concejala de su partido.
En el escrito de acusación, el fiscal pide también para él 20 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de alcalde o de cualquier otra actividad de índole política y otros cinco más para cualquier oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.
Medidas de protección para la víctima
Además, el Ministerio Público ha reclamado para el acusado la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante siete años, cuatro años de libertad vigilada. Deberá, por otro lado, indemnizar a la edil con 25.000 euros por los perjuicios psicológicos y el daño moral sufridos.
Relación laboral que se tornó totalmente denigrante
Según el relato fiscal, ambos compartían despacho y debían acudir juntos a determinados actos. En un principio, desde el nombramiento de la concejala en 2021 y hasta agosto de 2022, la relación entre ambos era estrictamente laboral, si bien a partir de agosto de 2022 y hasta noviembre de 2023, la concejal se vio sometida por parte del investigado a un trato totalmente denigrante.
El detenido incluyó en variadas ocasiones sometimientos que atacaron su libertad sexual, con proposiciones intimidantes de tal índole, y otros desairados cuando se negaba o hacía caso omiso a sus proposiciones.
Consecuencias para la víctima
Además, según ha continuado el escrito, ese trato inadecuado se materializaba en el empleo de un tono totalmente fuera de lugar, e incluso comentarios en relación a la forma de vestir de la edil que supusieron cambios en ella, tanto en su apariencia externa como en su comportamiento. Esto llevo a la concejal a solicitar una baja laboral por enfermedad y a causarle un trastorno adaptativo con predominio de síntomas de ansiedad.
Acusación particular
La acusación particular, ejercida por la letrada María Gallego Cano, ha solicitado para el exalcalde siete años de cárcel por los mismos delitos, además de inhabilitación, libertad vigilada y una indemnización de 35.000 euros.
Dimisión del exalcalde
El exalcalde, por su parte, presentó su dimisión en noviembre, una decisión que atribuyó entonces a motivos personales y que coincidió con el momento de notificación de la denuncia. También se dio de baja en el partido.
Fue en marzo cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Órgiva acordó seguir por los tramites del procedimiento abreviado y atribuir al exalcalde un delito de acoso sexual y otro de agresión sexual.
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