Burgos registra un récord histórico de órdenes de protección contra maltrato en 2023

Burgos registra un récord histórico de órdenes de protección contra maltrato en 2023

La provincia de Burgos ha alcanzado un histórico récord en cuanto a la cantidad de órdenes de protección emitidas contra el maltrato en el año 2023. Según los últimos datos, se han registrado un total de XXX órdenes de protección, lo que supone un aumento significativo respecto a años anteriores. Esta cifra alarmante pone de manifiesto la gravedad del problema del maltrato en la sociedad burgalesa y la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a las víctimas y prevenir futuras agresiones. En este sentido, las autoridades locales y organismos de apoyo han reaccionado con preocupación y están trabajando conjuntamente para abordar esta situación.

Órdenes de protección: la herramienta fundamental para proteger a las víctimas de violencia de género

En Burgos, el año pasado se iniciaron 361 medidas de órdenes de protección para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales solo 12 fueron denegadas, según datos del Consejo General del Poder Judicial actualizados en abril pasado. Esto significa que 349 burgalesas estuvieron protegidas el año pasado, y muchas de ellas lo seguirán estando este año, ya que la duración de estas órdenes es variable.

La importancia de las cifras

Las cifras son imprescindibles para conocer la realidad de un fenómeno estructural que anualmente se lleva por delante la vida de entre 40 y 60 mujeres en todo el país, de no pocos menores, y que hace vivir con miedo a miles de familias. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene un portal estadístico donde se detallan las circunstancias alrededor de las víctimas, y una de ellas son las órdenes de protección.

Órdenes de protección: ¿qué son y qué implican?

La orden de protección es una medida limitativa de la libertad individual que se puede imponer como medida cautelar o como medida accesoria de una condena principal (normalmente, privativa de libertad, pero también de multa). El objetivo es salvaguardar la integridad física, psíquica y moral de las víctimas de violencia de género. En función de las circunstancias de cada caso, se adoptan medidas como la prohibición de aproximarse a la víctima, a ella y a los hijos, o de aproximarse a distintos lugares, comunicarse por cualquier medio con la víctima, y incluso, en el caso de que existan hijos menores, se establecen medidas civiles, como guarda y custodia, el uso de la vivienda familiar, si hay o no visitas, pensión de alimentos, etc.

La labor de la Unidad de la Diversidad y Viogén de la Policía Local

La gran mayoría de estas mujeres son protegidas en Burgos por la Unidad de la Diversidad y Viogén de la Policía Local, cuerpo que hace un par de años firmó un convenio con el Ministerio del Interior para responsabilizarse del acompañamiento de las mujeres incluidas en el Sistema Viogén con niveles de riesgo 'no apreciado', bajo y excepcionalmente, medio. Todas ellas tienen el teléfono de contacto con los agentes -tres hombres y tres mujeres- a quienes pueden llamar en cualquier momento cuando sientan que están en riesgo.

Casuística diversa

La casuística que rodea a las órdenes de protección es muy diversa. La de alejamiento es una de ellas y los policías locales tienen que asegurarse de que se cumplen en todos sus extremos. Si se da el caso -que no es infrecuente- de que el agresor rompe ese mandato de no acercarse a la víctima, es detenido. Si esta circunstancia ocurre dos veces puede, incluso, entrar en la cárcel.

Prohibición de comunicaciones

La abogada experta en violencia de género, Mercedes Garrido, destaca que muchas veces, el condenado olvida que junto a la orden de alejamiento, se impone una prohibición de comunicaciones, y que, además de tener prohibido llamar por teléfono a la víctima, tampoco se pueden hacer alusiones de cualquier tipo a ella en redes sociales ni en perfiles o estados temporales de whatsapp, ni ningún comentario en publicación online, ya que supone un quebrantamiento de condena, que como delito contra la Administración de Justicia, es importante y puede tener una condena de 6 meses a un año o de multa de doce a veinticuatro meses, en función de los casos.

Lugares de conflicto

Estamos para atender a las mujeres víctimas en todo momento. Incluso podemos hacer labores de acompañamiento cuando sientan que pueden tener algún problema con su agresor. A veces, estamos con ellas a las puertas de los colegios de sus hijos, que es un lugar en el que suele haber conflictos, explica Jorge Serrano, el oficial responsable de la Unidad de la Diversidad y Viogén.

Datos positivos

En cuanto a los datos de las órdenes de protección del año pasado, Serrano quiere interpretarlo de la forma más positiva posible: Lógicamente, es preocupante que después de tantos años de medidas sociales y de educación no logremos terminar con la violencia de género, pero también es bueno saber que las instituciones funcionan y que la sociedad sepa que estamos para evitar agresiones y para que las mujeres puedan confiar en nuestro trabajo.

Es en el mismo momento en el que la mujer denuncia que ha sido agredida por su pareja o expareja y tras su declaración y la realización del test para comprobar el grado de riesgo que tiene, cuando se le pregunta si desea una orden de alejamiento. Si responde afirmativamente se incluye en la denuncia. Se procede a la detención del agresor y habitualmente, al día siguiente, pasa a disposición judicial. Con su versión y la de la víctima se procede a establecer las medidas que se consideren, entre ellas la orden de protección (de alejamiento), que puede incluir a los menores si los hay o les puede dejar fuera.