Cádiz se une a la batalla contra el aluvión de viviendas turísticas
La ciudad de Cádiz se suma a la lucha contra la invasión de viviendas turísticas, un fenómeno que ha generado gran controversia en various partes de España. La creciente demanda de alojamiento para turistas ha llevado a una explosión de oferta de viviendas de alquiler temporal, lo que ha generado problemas de desalojo de vecinos, subida de precios y transformación del tejido urbano. En este sentido, el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido tomar medidas para regularizar la situación y proteger los derechos de los vecinos y la identidad de la ciudad.
Cádiz se une a la lucha contra el turismo desmedido
La historia de María, una vecina de 87 años del barrio del Pópulo de la capital gaditana, ha saltado a los medios de comunicación. María iba a ser desahuciada de su casa en este mes de junio tras cinco décadas viviendo en ella, pero gracias a la Fundación del Cádiz CF, que compró la casa por 147.000 euros, manteniendo el mismo precio por su antiguo alquiler, ha podido quedarse en su vivienda.
Este caso ha sido un final feliz, pero hay muchos otros como María que no han tenido la misma suerte. En el mismo barrio y en otros de la ciudad, hay personas que han tenido que dejar sus casas debido a la proliferación de viviendas turísticas.
La lucha por la vivienda en Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado un listado de viviendas de la ciudad que se registraron como VFT (con fines turísticos) tras la modificación del PGOU que impide el hospedaje turístico en el Casco Histórico si no es en fincas de protección de grado 0 y 1. En este listado, con un total de 277 viviendas, estaban las situadas en la calle Mesón, 9, en el barrio del Pópulo, donde se encuentra la vivienda de María.
El objetivo del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía es trabajar de manera conjunta y coordinada para cancelar las solicitudes de registro para vivienda con fines turísticos tras octubre del año 2022, fecha en la que entró en vigor la modificación del PGOU para la limitación de este tipo de viviendas en la ciudad.
La batalla contra la turistificación
El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha dejado claro que se están buscando fórmulas para dar un giro más a la actual normativa con el fin de que las VFT no sean un problema mayor de lo que ya lo son.
Pepe Ortiz, portavoz del Partido Popular en Vejer, ha lanzado duras críticas al actual gobierno municipal por su falta de acción en la regulación de las viviendas turísticas, a pesar de la reciente normativa que otorga competencias a los Ayuntamientos andaluces.
La plataforma Cádiz Resiste
La plataforma Cádiz Resiste, integrada por vecinas y vecinos de Cádiz, comienza su andadura con acciones concretas como la lucha por la identidad de la ciudad, de sus barrios, por el derecho a la vivienda residencial en Cádiz frente a la saturación de pisos turísticos y por un modelo basado en el comercio local frente a las grandes franquicias pensadas para el público turista.
Cádiz Resiste denuncia que la ciudad de Cádiz cuenta en la actualidad con 2.500 viviendas turísticas que aglutinan más de 11.000 plazas, a lo que hay que sumar 48 hoteles con una capacidad de casi 3.800 plazas y 46 bloques de apartamentos turísticos con capacidad para unos 1.500 turistas.
El modelo de Barcelona
Barcelona, uno de los principales destinos vacacionales de España, ha anunciado que prohibirá el alquiler de apartamentos a turistas a partir de 2029, una medida inesperadamente drástica con la que pretende frenar la escalada de los costes de la vivienda y hacer la ciudad habitable para los residentes.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que los alojamientos que ofrecen alquileres temporales se gestionarán a través de una plataforma única y se deberá acreditar la temporalidad para evitar el abuso y el fraude.
Rodríguez ha defendido la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar los pisos turísticos en Barcelona en noviembre de 2028 y ha animado a tomar medidas como esta a otros alcaldes de municipios con zonas de alquiler tensionadas.
Para Rodríguez, cuando hay un conflicto entre dos intereses legítimos, como el desarrollo de la actividad económica y un derecho social reconocido como el derecho al acceso a una vivienda digna y asequible, se debe estar siempre del lado del derecho.
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