Cepyme se opone a la supuesta injerencia del Ejecutivo y exige respeto a la iniciativa empresarial
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha tomado una postura firme en contra de lo que considera una injerencia indebida del Ejecutivo en la toma de decisiones empresariales. Según la organización, el gobierno está interfiriendo en la iniciativa empresarial, lo que podría generar una pérdida de competitividad en el sector. En un comunicado, Cepyme ha exigido respeto a la autonomía empresarial y ha pedido al Ejecutivo que se abstenga de intervenir en la gestión de las empresas. Esta postura ha generado un debate en el ámbito empresarial y político, y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas declaraciones y reacciones en torno a este tema.
Cepyme exige respeto a la iniciativa empresarial y se opone a injerencia del Ejecutivo
La Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) ha lanzado un manifiesto por la libertad de empresa en el que exige espacio para que las compañías tomen decisiones, que acabe la estigmatización del empresario y la persecución de los beneficios.
El presidente de la asociación empresarial, Gerardo Cuerva, ha acusado al Ministerio de Trabajo de dinamitar el diálogo social eludiéndolo, colonizándolo con interlocutores dóciles porque el gobierno necesita interlocutores sumisos para ejecutar su ataque a la empresa.
Pequeños y medianos empresarios demandan autonomía y fin a la persecución gubernamental
El documento, de once páginas, denuncia la sobreregulación que ha llevado a un control exhaustivo de la actividad de las empresas. Exigimos al Gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario, reclaman los empresarios.
La patronal centra su crítica en el atropello al diálogo social que han denunciado desde comienzos de año con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o el traslado de los acuerdos firmados en el ámbito parlamentario con el PNV y Junts.
Reformar sin consenso la estructura de la negociación colectiva y modificar la prevalencia de los convenios, dando a los autonómicos y provinciales, no solo es un menosprecio, sino que ignora las dificultades de las empresas para operar en un mercado cada vez más fragmentado, lo que entienden que fomenta la desigualdad entre españoles, menoscaba la productividad y el crecimiento de las empresas.
En este sentido, enfatizan su postura respecto a la negociación que ha colmado los titulares en las últimas semanas. La ordenación del tiempo de trabajo, la organización de la producción, su funcionamiento y la toma de decisiones son ámbitos privados de la empresa, cuya resolución solo corresponde a la propia empresa y a los trabajadores afectados.
Los empresarios dicen echar en falta una mayor responsabilidad por parte del Ejecutivo a la hora de tomar decisiones que afectan de forma directa al sector privado. Y demandan autonomía para aplicar las subidas salariales al ritmo que se acuerde en los convenios sin que vengan dadas por reducciones de la jornada laboral de los trabajadores o por alzas del SMI en un contexto en el que la productividad sigue lastrada y aumentan las cotizaciones sociales.
Puesto que el escenario actual tensa la relación entre el trabajador y la empresa al aumentar la conflictividad en la propia plantilla por la homogeneización de salarios, explican.
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