En un giro inesperado en el proceso judicial contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, el juez García Ortiz se enfrenta a una situación compleja. La possibilidad de amnistía para el líder independentista, denegada por los fiscales del caso, ha generado un debate político y jurídico en España. La petición de amnistía, presentada por los abogados de Puigdemont, ha sido rechazada por los fiscales, quienes consideran que la grave responsabilidad penal del expresidente no permite considerar esta opción. Ahora, García Ortiz deberá tomar una decisión que tendrá un impacto significativo en el futuro político de Cataluña y España.
La última palabra es de García Ortiz: ¿aplicará o no la amnistía a Puigdemont?
La tramitación de la ley de amnistía ha generado un clima de máxima tensión en el Poder Judicial español. Asociaciones de jueces y fiscales, juristas de renombre y un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado desde hace más de cinco años han manifestado su oposición a la ley, calificándola de arbitraria, inconstitucional e inadmisible.
En este contexto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido un silencio sepulcral. Sin embargo, ahora deberá fijar el criterio del Ministerio Público sobre la amnistía, que los fiscales del procés no ven aplicable a la supuesta malversación cometida por Carles Puigdemont.
El silencio de García Ortiz
En noviembre pasado, cuando los fiscales del Tribunal Supremo le reprocharon su silencio sobre las acusaciones de lawfare recogidas en el acuerdo de investidura, el fiscal general no se posicionó. Dijo que siempre estaría al frente y en defensa de la carrera, pero se negó a hablar del lawfare por no querer convertirse en un mero opinador de la actualidad.
Finalmente, García Ortiz publicó un escrito mostrando su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones. Pero cuando varios vocales del Consejo Fiscal le pidieron pronunciarse sobre la ley de amnistía, el fiscal rechazó hacerlo. García Ortiz entendió en aquel momento que excedía sus competencias hacer una valoración sobre una ley en trámite parlamentario, dado que podía condicionar a los fiscales que más adelante tuvieran que pronunciarse en una causa judicial.
La posición del fiscal general
Ha llegado el momento de que Álvaro García Ortiz tome una posición. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, explica el Estatuto de la institución. Con lo cual, los fiscales deberán adherirse a la postura de Álvaro García Ortiz.
Este jueves, los fiscales del procés le comunicaron que no están a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación -es decir, a Carles Puigdemont-. Este viernes, el fiscal general se reunió con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, además de con otros fiscales del Tribunal de Cuentas y de Cataluña. El objetivo de estos encuentros, según ha detallado la Fiscalía General del Estado, es coordinar la actuación de la institución en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias.
La última palabra
Sea como sea, la última palabra en este órgano jerárquico la tiene el fiscal general del Estado. Y lo que ha de determinarse a través de su criterio es si la ley de amnistía es o no aplicable a cada caso relacionado con el procés.
Se puede dar el supuesto de que el fiscal general ejecute una orden con la que un fiscal no esté de acuerdo. Podría ocurrir, por ejemplo, que García Ortiz considere que la amnistía es aplicable a la malversación por la que está procesado Carles Puigdemont, a diferencia de lo que opinan los fiscales del procés.
En este caso, el Estatuto del Ministerio Fiscal reserva un mecanismo de resolución del conflicto en su artículo 27. Cuando un fiscal recibe una orden que considera improcedente o ilegal, pone en marcha el mecanismo de objeción, relatan las citadas fuentes.
La Junta llegará a una conclusión, pero si no coincide con la de García Ortiz, será el fiscal general quien tenga la última palabra, tal y como explican fuentes fiscales. Sin embargo, si finalmente el Tribunal Supremo, en el caso de la aplicación de la amnistía a los condenados o investigados por el procés, acaba fallando en el sentido contrario al fiscal general esto podría causar más desgaste para él.
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