En un golpe de justicia histórica, más de 300 familias se han unido para exigir la restitución de la herencia que les fue arrebatada durante la dictadura de Francisco Franco. La lucha contra el Estado español busca revertir la situación de injusticia que ha prevalecido durante décadas. Estas familias, descendientes de los propietarios originales, reclaman la devolución de sus bienes y derechos, que fueron expropiados de manera arbitraria y sin compensación alguna. La batalla que se avecina no solo es una cuestión de justicia, sino también de memoria histórica y de la necesidad de hacer frente al pasado oscuro de España.
La lucha por la justicia: familias luchan por reclamar la restitución de la herencia expropiada por Franco
Varias monedas de peseta. Cedida
Lídia y Joaquim son nietos de republicanos a quienes Franco requisó sus ahorros por ser dinero rojo emitido por la República. Junto a otras 300 familias expoliadas, han iniciado los trámites para reclamar compensaciones económicas invocando la Ley de Memoria de 2022, que por primera vez los reconoce como víctimas.
En una entrevista con Efe, estos dos miembros de la Asociación de Perjudicados por las Incautaciones del Gobierno Franquista (APIGF) recuerdan los casi 20 años que llevan luchando para que el Estado reconozca su derecho a ser resarcidos por las requisas, que los historiadores cifran en millones de las antiguas pesetas, la gran mayoría de ellos en Cataluña.
La Ley de Memoria Democrática de 2022
A través del bufete Vosseler Abogados, más de 300 descendientes de familias republicanas a quienes entre los años 1938 y 1941 el franquismo incautó sus ahorros, con la promesa de devolvérselos, han presentado ya sus reclamaciones en base al artículo 31 de la ley de Memoria Democrática de 2022, que abre la puerta a que el Estado repare también a las víctimas económicas, una deuda que países como Alemania o Francia han saldado ya hace años.
El dinero rojo
Las incautaciones del llamado dinero rojo, con el que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil, se basaban en un decreto del bando sublevado que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearlo por billetes válidos. En la mayoría de casos, nunca se devolvió.
Fondo de papel
Lídia Jiménez y Joaquim Gràcia sostienen en sus manos los títulos que las autoridades franquistas entregaron a sus abuelos a cambio del dinero intervenido y que, desde entonces, siguen depositados en el Banco de España: un documento que no llega a una cuartilla, con la rúbrica Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo y el detalle de la suma entregada, especificando el tipo de billetes o monedas intervenidos.
Especialmente en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conocía y sabía de las afinidades políticas de sus vecinos, era la propia presión social la que forzaba a las familias a entregar unos ahorros, explica el abogado Lluís Domingo.
La Dirección General de Memoria Democrática
La Dirección General de Memoria Democrática -cuya titular, Zoraida Hijosa, se reunió a principios de mes con abogados de Vosseler- ha nombrado tres comisiones científicas, integradas por especialistas de la Real Academia de Historia, con el encargo de llevar a cabo una auditoría que establezca una estimación justa y equitativa del valor que el dinero incautado tendría en la actualidad.
La compensación
Lo importante es que no se les requisó el dinero que llevaban en el monedero para la compra, cuya actualización sería el IPC, sino ahorros que habrían servido para comprar viviendas u otras cosas de extraordinario valor, apunta la letrada de Vosseler Leire López, quien cree que ese factor deberá ser tenido en cuenta al calcular las compensaciones.
Las víctimas
A la abuela de Joaquim, que regentaba una mercería en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona, se le requisaron 46.000 pesetas de la época, una cantidad que, explica, habría bastado para comprar un inmueble en uno de los chaflanes del barrio más cotizados de la capital catalana.
Su abuela pudo salir adelante pese al mordisco que el franquismo echó a sus ahorros, pero sus hijos ya no pudieron prosperar en los negocios ni ampliar su comercio de tejidos y novedades como habían planeado.
Más modestos, aunque tampoco desdeñable para la época, fueron las 1.242 pesetas que el franquismo requisó a los abuelos de Lídia, los ahorros que la familia tenía en casa y que su madre, Montserrat, trató de cobrar sin éxito durante décadas, con un empeño que le llevó a fundar en 2005 la APIGF, que presidió hasta su muerte en 2018.
La esperanza
Leire López confía en que, a finales de año, la Dirección de Memoria tenga ya en sus manos las conclusiones de las comisiones científicas nombradas para valorar las cantidades requisadas, lo que permitiría al Gobierno incluir una partida en los presupuestos generales del Estado para efectuar los pagos.
Un gran número de víctimas
Los 300 afectados a quienes representa Vosseler Abogados suponen, según López, el grueso de víctimas acreditadas de las incautaciones del franquismo, aunque los historiadores apuntan a que la cifra real podría ser mucho más elevada a juzgar por el número total de títulos que constan expedidos.
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En otros casos, los títulos -avalados por su depósito en el Banco de España- fueron utilizados como moneda de cambio, en una suerte de pagaré o cheque, en distintas transacciones económicas, por lo que podrían estar en manos de terceras personas.
No obstante, aclara López, la ley de Memoria Democrática solo reconoce como víctimas de los descendientes directos de los expoliados, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin esos lazos de parentesco, el título no tiene valor alguno ni aunque se haya recibido en herencia.
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