El acusado de acoso a Iglesias y Montero en su vivienda es absuelto de todos los delitos
En un veredicto que ha generado gran expectación, el Tribunal ha decidido absolver al acusado de acosar a los políticos Pablo Iglesias y Irene Montero en su vivienda. Tras un intenso proceso judicial, la justicia ha concluido que no existen pruebas suficientes para condenar al acusado por los delitos de acoso y amenazas. Esta decisión ha generado un gran impacto en el ámbito político y social, ya que el caso había generado un gran revuelo en los últimos meses. A continuación, se analizarán los detalles del caso y las implicaciones de esta absolución.
Absolución para Miguel Ángel Frontera en el caso de acoso a Iglesias y Montero
La jueza de lo Penal número 14 de Madrid ha decidido absolver a Miguel Ángel Frontera de varios delitos de injurias graves y de acoso respecto al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la exministra de Igualdad, Irene Montero.
La sentencia declara que Frontera no es culpable de un delito continuado de injurias graves respecto a Irene Montero por prescripción, así como de los delitos de descubrimiento de secretos, coacciones, acoso e injurias graves con publicidad a la autoridad y contra las instituciones del Estado en relación a Pablo Iglesias.
El ahora absuelto afrontaba una petición fiscal de tres años de prisión por acoso e injurias a la pareja. La acusación particular solicitaba un año y medio de cárcel para el procesado.
Contexto del Covid-19
Según la jueza, las concentraciones en el domicilio de Iglesias arrancaron antes de que Miguel Frontera acudiera a las mismas y se mantuvieron tras la medida cautelar que le impidió acudir a las protestas por la gestión del Gobierno en relación al Covid-19.
La magistrada considera que en este caso hay que tener en cuenta el contexto temporal y político en el que se produjeron los hechos tras la suspensión del derecho fundamental de circulación de las personas por la pandemia, que en aquella época vivía sus peores momentos.
'Escrache' en el domicilio familiar
La jueza expone que las alegaciones del acusado en el juicio de que solo pretendía protestar contra la política del Gobierno en relación a la gestión de la pandemia no se pueden considerar ni absurdas ni arbitrarias.
Conforme a las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que testificaron en la vista, descarta que el absuelto tuviera intención de vigilar a los querellantes, lo que considera imposible al existir vigilancia en la vivienda durante 24 horas y existir un perímetro de seguridad que fue ampliado.
No hubo intención de contacto con los querellantes
No considera probado que Frontera tuviera intención de contactar con ellos o buscar su cercanía física.
El fiscal mantenía que el acoso que ejerció el denunciado arrancó en mayo de 2020 y provocó una alteración de su vida familiar diaria y de sus actividades derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores.
En las conclusiones, la fiscal aseveró que el procesado traspasó la línea que sitúa la conducta en delito, manifestando que incurrió en injurias graves al grabar y publicar imágenes de la vivienda.
A su juicio, este comportamiento excedía la libertad de expresión y supone unas injurias continuadas.
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