En un desarrollo político de gran relevancia, el Congreso se encuentra a punto de aprobar la amnistía en la sesión de este jueves. Sin embargo, el Ejecutivo ha expresado su inquietud ante la posibilidad de que algunos jueces intenten bloquear su aplicación. Esta noticia ha generado expectación en todo el país, ya que la aprobación de la amnistía tendría un impacto significativo en la vida de miles de personas. Mientras tanto, el Gobierno ha reiterado su compromiso con la implementación de esta medida, pero también ha manifestado su preocupación por la posible intervención de la justicia. En las próximas horas, se esperan intensas negociaciones entre los diputados y el Ejecutivo para tratar de superar los obstáculos que se presenten.
La amnistía para el procés: un pulso contra la justicia y el Estado de derecho
El Congreso aprueba la amnistía este jueves, pero el Ejecutivo expresa inquietud sobre la posible intervención de jueces y oposición para frenarla.
La ley de amnistía llega este jueves al final de su largo, tortuoso y polémico camino parlamentario. El Congreso debatirá una vez más el texto y, con toda probabilidad, derribará los vetos que aprobó hace un par de semanas el Senado, lo que implica que la norma será puesta en marcha de manera definitiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Un pulso contra la justicia y el Estado de derecho
Desde entonces, los encausados y condenados por el procés podrían comenzar a ser amnistiados, pero este jueves comienza un segundo pulso, puesto que el Gobierno da por descontado que una parte de la judicatura tratará de buscar vías para evitar aplicar la ley.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tomará la palabra este jueves para defender la gravedad de una amnistía que, aseguran los populares, acabará con la igualdad ante la ley de los españoles.
El Gobierno asegura que la amnistía es legítima
Fuentes del propio PP admiten que, hoy por hoy, la norma ya no supone un desgaste tan grande para el Gobierno como la investigación judicial a la esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Pese a ello, Feijóo pidió hace unos días a Sánchez que no apruebe semejante acto de indignidad política, moral y judicial, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, afirmó este martes que hay distintos mecanismos para actuar frente a ella: la vía jurisdiccional, la vía constitucional y, desde luego, la vía también de la presión social desde la calle.
Estas declaraciones, sin embargo, no preocupan al Gobierno, que considera que la ley está blindada ante el más que probable recurso del PP ante el Tribunal Constitucional.
La inquietud del Ejecutivo se centra en que algunos jueces puedan realizar interpretaciones legales interesadas para bloquear la aplicación de una norma que, a juicio del Gobierno, es legítima y perfectamente ajustada a derecho.
Estas fuentes apuntan, en este sentido, al correo electrónico que recibieron hace unos días todos los jueces españoles con una guía contra la amnistía, un texto que incluye dos formularios para que los magistrados puedan elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales contra la norma al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Varias vías para congelar la amnistía
Hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. Por un lado está la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Y no solo un juez puede acudir al tribunal de garantías: también pueden hacerlo, entre otros, los grupos parlamentarios con más de 50 diputados, como ya ha anunciado que hará el PP.
Cuando una norma es recurrida ante el Tribunal Constitucional o cuando un juez presenta una cuestión de inconstitucionalidad, cabe la posibilidad de que el órgano de garantías adopte medidas cautelares, llegando a paralizar su aplicación hasta que el asunto quede zanjado.
Sin embargo, la propia proposición de ley de amnistía trata de blindarse frente a este supuesto en su articulado, puesto que establece que el carácter singular de la norma deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas.
Deja una respuesta