El Congreso rechaza por segunda vez la petición del Senado para anular la ley de amnistía
En un nuevo golpe a la iniciativa del Senado, el Congreso de la República ha rechazado por segunda vez la petición para anular la ley de amnistía, que beneficiaba a cientos de personas que habían sido condenadas por delitos políticos. Esta decisión ha generado fuertes reacciones en el ámbito político y social, ya que se considera un revés para la búsqueda de la justicia y la reconciliación en el país. La mayoría de los congresistas votaron en contra de la anulación de la ley, argumentando que no había suficientes razones para revocar la medida. Esta situación ha generado un clima de tensión en el país, y se espera que continúen las movilizaciones y protestas en contra de esta decisión.
Congreso rechaza petición del Senado para anular ley de amnistía por segunda vez
Los letrados del Congreso de los Diputados han vuelto a rechazar la petición del Senado para anular la tramitación de la ley de amnistía, lo que previsiblemente la dejará definitivamente aprobada el próximo 30 de mayo.
La Mesa del Congreso, con la mayoría del PSOE y de Sumar, ha rechazado el escrito de reconsideración remitido por la Mesa del Senado a finales de abril, que pedía la retirada de la ley de amnistía. Este escrito instaba al Congreso a debatir el caso en un pleno.
Fuentes parlamentarias han explicado que los letrados no ven nada jurídicamente reprobable en la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. Además, recuerdan que el PP siempre tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si así lo considera.
El secretario general del Congreso, Fernando Galindo, ha rechazado a través de un informe jurídico que tenga que ser el pleno del Congreso el que deba resolver el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales que planteó el Senado.
De esta forma, los letrados vuelven a defender el procedimiento correcto de la ley de amnistía en el Congreso y reiteran el argumento de su primer informe, en el que señalaban que el requerimiento era improcedente y suponía una injerencia de la Cámara Alta.
El plazo de 30 días desde la negativa del Congreso al requerimiento del Senado para poder acudir al Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales sigue corriendo y comenzó con la respuesta negativa de la Mesa el 16 de abril.
Es importante destacar que esta decisión del Congreso puede tener un impacto significativo en la política española, ya que la ley de amnistía es un tema muy debatido en el país.
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