El CGPJ se pronunciará sobre las palabras del presidente Sánchez sobre el juez que investiga a la esposa del mandatario
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes a las 10.00 horas para pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que puedan afectar a la independencia judicial, según ha comunicado el CGPJ este jueves.
Esta decisión se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros hayan cuestionado la actuación del juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El martes, el presidente del Gobierno publicó su segunda carta a la ciudadanía, motivada esta vez por la citación de su esposa como investigada. En la misiva, Sánchez calificó la decisión del juez Peinado de citar a su esposa a cinco días de las elecciones europeas como extraña y consideró que la acusación por tráfico de influencias y corrupción privada era un zafio montaje.
Los ministros del Gobierno también se unieron a la crítica, con la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien calificó la actuación del juez Peinado como extraño y burdo. La vicepresidenta Teresa Ribera también se sumó a las críticas, afirmando que la imputación de Gómez pone de manifiesto que nos estamos jugando la credibilidad de las instituciones, el Estado democrático y que la campaña del PP no tiene ni una sola propuesta para Europa.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también se refirió a la actuación del juez Peinado, señalando que el aval judicial a las manifestaciones frente a Ferraz este fin de semana abona la tesis de que algunas togas están entrando en la batalla electoral.
La reacción del CGPJ
El papel del Poder Judicial ha sido central en la legislatura del 23J por varios motivos, desde la amnistía a las causas de corrupción relacionadas con el PSOE. En este contexto de críticas continuas desde el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, un CGPJ elegido por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y caducado desde hace más de 5 años ha contestado con varias declaraciones institucionales.
Fue de los órganos más tajantes a la hora de denunciar el pacto de investidura firmado por el PSOE y Junts, que aludía a la creación de comisiones de investigación parlamentaria para tratar de dilucidar posibles casos de lawfare contra el independentismo. El Consejo, impulsado por su ala más conservadora, puso el grito en el cielo ante las inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas a jueces.
El CGPJ se mostró convencido de que aquel acuerdo de investidura tenía la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial. Cuando se votó por primera vez la ley de amnistía en el Congreso, un pleno fallido en el que se mencionó explícitamente al instructor de la causa sobre Tsunami Democràtic, el Consejo publicó una nueva declaración insistiendo en que la inviolabilidad parlamentaria no restaba gravedad a los ataques.
Finalmente, el CGPJ publicó en marzo su informe sobre la ley de amnistía, un documento que defendía la inconstitucionalidad de la medida de gracia.
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