En una declaración que ha causado revuelo, el director del Ecyl ha vertido duras críticas hacia el Ingreso Mínimo Vital, llegando a calificarlo despectivamente como paguita. Estas declaraciones han generado controversia y han suscitado reacciones encontradas en la opinión pública y en el ámbito político. El Ingreso Mínimo Vital, implementado como medida de ayuda social para los sectores más vulnerables de la sociedad, ha sido objeto de debates desde su implementación, siendo considerado por algunos como un avance en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, mientras que para otros representa un incentivo al asistencialismo. La polémica generada por las declaraciones del director del Ecyl pone de manifiesto la sensibilidad y las diferencias de opinión en torno a las políticas sociales y la protección de los colectivos más desfavorecidos.
Director del Ecyl critica el Ingreso Mínimo Vital como paguita y propone incentivar empleo
El gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), Álvaro Ramos-Catalina Ysasi, rechazó hoy las paguitas, donde enmarcó la Renta de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, y apostó por programas para motivar a los desempleados, como las estrategias elaboradas por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo o el programa de formación dual a la carta para las empresas, dotado con 15 millones de euros. Así lo expresó en su respuesta a una pregunta de la procuradora socialista Yolanda Sacristán en la Comisión del ramo de las Cortes en relación a que no se hayan convocado las ayudas al Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), un programa pionero pactado en 2009 en el seno del Diálogo Social que sustituyó a los itinerarios de empleo.
Ramos-Catalina argumentó que la Consejería que dirige Mariano Veganzones no es partidaria de políticas pasivas de empleo, y subrayó que de 1209 beneficiarios de ese programa solo 230 se reinsertaron en el mercado laboral (19 por ciento) y concluyó que en 2022 no se agotaron los 5,5 millones de crédito por la escasa demanda. Ha dejado de tener sentido, sostuvo, para apuntar que esos beneficiarios tienen el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que el primero llegó a 34.500 hogares y 100.000 beneficiarios, además de ser derechos subjetivos. Así, precisó que unas 76.000 personas perciben alguna ayuda social vinculada al desempleo.
El gerente del Ecyl arremetió contra el Ingreso Mínimo Vital, que calificó como trampa de la pobreza por su fatídico diseño, afirmó que cronifica la pobreza y concluyó que la paguita no puede ser un sueldo vitalicio porque se desincentiva el empleo. Hay que motivar el desempleo y abandonar la senda de las prestaciones, resumió. Frente a ello puso en valor las políticas de la Consejería a través de la estrategia de empleo local y social, con programas específicos, o la formación dual a la carta para las empresas.
Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, rechazó calificar de paguitas la Renta de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, tal y como hizo el gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl), Álvaro Ramos-Catalina Ysasi, un alto cargo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por el consejero Mariano Veganzones (Vox).
En todo caso, señaló que no es una cuestión nueva y apostó por reevaluar el sistema de prestaciones sociales en España porque son un incentivo para determinadas personas para permanecer en una situación de precariedad. Deben estar para ayudar a quien lo necesita, a quien pasa por una situación temporal de necesidad. No para que nadie se perpetúe en una situación de dependencia del Estado, reivindicó García-Gallardo.
El vicepresidente sostuvo que el Estado Social cuesta mucho mantenerlo y hay gente que trabaja muy duro para pagar impuestos. Consideró que si alguien está en condiciones de trabajar, los gobiernos tenemos que hacer todo lo posible para que esas personas se incorporen al mercado laboral. En este sentido, trasladó las sensaciones de las pequeñas y medianas empresas, quienes lamentan la falta de mano de obra para realizar trabajos esenciales.
García-Gallardo destacó que en Castilla y León hay decenas de miles de personas en situación de desempleo y que es necesario mejorar las cifras de empleo en la región. Finalmente, recalcó que la mejor política social es el empleo y se mostró ambicioso en querer mejorar las condiciones laborales en la comunidad autónoma.
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