- El Ejecutivo considera que se ha cumplido el acuerdo sobre la amnistía política con Junts y ERC, y le encomienda al Tribunal Constitucional que resuelva sobre su aplicación práctica.
- Gobierno considera que se ha cumplido el acuerdo sobre amnistía política y encomienda a TC resolver sobre aplicación práctica
- El acuerdo con ERC y Junts
- El papel del Tribunal Constitucional
El Ejecutivo considera que se ha cumplido el acuerdo sobre la amnistía política con Junts y ERC, y le encomienda al Tribunal Constitucional que resuelva sobre su aplicación práctica.
En un giro significativo en el proceso político, el Ejecutivo ha manifestado que considera que se ha cumplido el acuerdo sobre la amnistía política alcanzado con los partidos independentistas Junts y ERC. Este acuerdo, que tiene como objetivo resolver la situación de los presos políticos, ha sido objeto de intensas negociaciones entre las partes involucradas. Ahora, el Gobierno ha decidido encomendar al Tribunal Constitucional que resuelva sobre la aplicación práctica de este acuerdo, lo que supone un paso importante hacia la normalización política en el país.
Gobierno considera que se ha cumplido el acuerdo sobre amnistía política y encomienda a TC resolver sobre aplicación práctica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que el Ejecutivo ha cumplido con su acuerdo con Junts y ERC sobre la ley de amnistía, por lo que se desentiende de todo el periplo judicial por el que ahora pasa la medida de gracia para su aplicación.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de no considerar la malversación del procés un delito amnistiable, el PSOE estaba a la expectativa de los efectos políticos que podría acarrear por parte de sus socios independentistas.
Fuentes del Gobierno afirman que Moncloa y el PSOE han hecho su trabajo y les remiten al Tribunal Constitucional si hay algún tipo de diferencia en la aplicación de la norma.
El acuerdo con ERC y Junts
El acuerdo firmado el año pasado con ERC establece que los socialistas se comprometen a culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una ley de amnistía.
En el caso de Junts, el documento pactado también añade que las conclusiones de las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña, el caso Pegasus y los atentados yihadistas de 2017 se deben tener en cuenta en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Los socialistas ya puntualizan que no hay margen para tocar la ley.
El papel del Tribunal Constitucional
En Moncloa creen que es al Tribunal Constitucional al que, en todo caso, ERC y Junts deberían recurrir respecto a la aplicación de la medida de gracia. Si hay algún tipo de diferencia en la aplicación, hay un Tribunal Constitucional, sostienen.
Aluden a que el pasado 25 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) concedió la amnistía al exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch y al mosso d’esquadra Lluís Escolà, que escoltó a Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) estando huido de la justicia.
Los magistrados del TSJC consideraron amnistiable su delito de malversación argumentando que no hubo enriquecimiento personal.
Se trata de una tesis que comparte la Fiscalía y también la Fiscalía Superior de Cataluña, que de hecho ha solicitado al TSJC aplicar la amnistía a otros acusados de malversación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre.
Sin embargo, la última decisión del Tribunal Supremo va en sentido opuesto. Al respecto, a los líderes independentistas les queda esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional tanto en lo que se refiere al delito de malversación como de desobediencia.
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