El Ejecutivo cuestiona la sentencia del Alto Tribunal sobre la malversación y destaca la claridad en el objetivo de la amnistía

El Ejecutivo cuestiona la sentencia del Alto Tribunal sobre la malversación y destaca la claridad en el objetivo de la amnistía

El Ejecutivo ha decidido cuestionar la reciente sentencia emitida por el Alto Tribunal en relación con el caso de malversación de fondos públicos. La decisión del gobierno se basa en la convicción de que la sentencia no refleja la verdadera intención detrás de la amnistía, medida que busca clarificar y reparar los daños causados por la malversación. El objetivo principal de la amnistía es restablecer la confianza en las instituciones y promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos. En este sentido, el Ejecutivo considera que la sentencia del Alto Tribunal no se ajusta a la realidad de los hechos y busca buscar una revisión que refleje la verdad.

Gobierno cuestiona sentencia del Tribunal Supremo sobre amnistía y destaca claridad en su objetivo

La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que el objetivo de la ley de amnistía está muy claro, incluso en lo que se refiere al delito de malversación que pesa sobre varios exlíderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de no considerar este delito amnistiable en el caso del procés, Alegría señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el objetivo de la ley al respecto es muy claro y no es menor porque se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Con la ley aprobada, el texto claro y la voluntad clara del legislador, les corresponde a los jueces aplicar la ley, aseguró Alegría.

Rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo

La decisión del Supremo mantiene las órdenes de detención de Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Además, tampoco anulará las condenas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras y los republicanos Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Alegría manifestó su máximo respeto a las decisiones judiciales, pero consideró que, en este caso, el texto de la ley es muy claro y que los jueces deberían aplicarlo tal y como está redactado, es decir, amnistiando los casos de malversación del procés.

Defensa de la aplicación de la ley de amnistía

Desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha defendido la aplicación de la ley en los términos en los que está redactada. En este caso, se refieren a la redacción del artículo 1.4 de la señalada ley, que indica que no se considera enriquecimiento la aplicación de los fondos públicos cuando no haya un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

En cambio, el alto tribunal considera que el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista.

Reacciones políticas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tildado de sorprendente la decisión del Tribunal Supremo, en la que ha reconocido elementos extraños. Aunque ha sacado un elemento positivo: Si pensase que la ley fuese inconstitucional la llevaría al Tribunal Constitucional, ha señalado.

A su juicio, hay que hacer una reflexión compartida sobre la necesidad de cambiar el CGPJ y de que las altas instancias del país necesiten una inspección de trabajo. Ha asegurado que los jueces y juezas son el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hacen en su actuación profesional.

Moncloa confía en que Salvador Illa sea investido como presidente de la Generalitat de Cataluña, y ha asegurado que los pasos que tengan que dar en la investidura se tienen que formular en el Parlament, diferenciando así las distintas vías de negociación con los independentistas del proceso judicial por el que pase la ley de amnistía.

Hay toda la confianza en que ese proceso, que este momento está abierto en el Parlament, termine con un Gobierno liderado por Illa, ha pronunciado Alegría.