El Ejecutivo descarta nuevas prórrogas para apoyos energéticos, pese a las advertencias de la sociedad civil de que los más necesitados no podrán cubr

El Ejecutivo descarta nuevas prórrogas para apoyos energéticos, pese a las advertencias de la sociedad civil de que los más necesitados no podrán cubrir sus facturas de luz y gas

En un movimiento polémico, el Ejecutivo ha decidido descartar nuevas prórrogas para los apoyos energéticos, a pesar de las advertencias emitidas por la sociedad civil. Según los defensores de los más desfavorecidos, esta medida afectará directamente a los sectores más vulnerables de la población, que no podrán cubrir sus facturas de luz y gas. Esta decisión ha generado un intenso debate en torno a la responsabilidad del Estado para con los ciudadanos más necesitados, y ha llevado a organizaciones de la sociedad civil a manifestar su rechazo a esta medida.

Gobierno descarta prórrogas para apoyos energéticos a pesar de advertencias de la sociedad civil

Una semana después de aprobar el decreto que reduce ayudas en materia energética para hogares vulnerables, el Gobierno no parece dispuesto a extender por más tiempo del estipulado las medidas para ayudar a los hogares más necesitados a pagar la factura de energética.

Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, recibió a las ong que forman parte de la Alianza contra la Pobreza Energética, que le insistió en que sin los descuentos actuales del bono social, los hogares vulnerables no podrán hacer frente al pago de la electricidad, que aunque no como en 2022, está previsto que a precios más elevados de lo normal.

Las organizaciones que forman la Alianza llevan años haciendo seguimiento de las medidas del Gobierno para ayudar a los hogares más vulnerables a pagar los suministros básicos. En este marco, pidieron la reunión con Aagesen, justo en la primera semana de entrada en vigor del último decreto que empieza a desmontar muchas de esas medidas.

Entre las medidas que se reducirán se encuentran el descuento adicional del bono social, que solo se mantendrá hasta septiembre y empezará a menguar en octubre, y la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas por impago a sus receptores, que dejará de existir en 2025, después de cuatro años.

Los descuentos extra del bono social seguirán hasta octubre como ahora y luego bajarán progresivamente hasta julio de 2025, lo que generará una mayor carga para los hogares vulnerables.

La impresión con la que salieron los representantes de la Alianza es que el Gobierno no tiene previsto extender estas medidas más allá de la fecha de caducidad establecida. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica no han querido comentar la reunión, pero fuentes de la Alianza contra la Pobreza señalan que salieron preocupados porque el mensaje de Aagesen fue que estas medidas fueron extraordinarias por los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía y la inflación.

Aagesen no se mostró proactiva en sus peticiones y no manifestó ningún compromiso de que la prohibición de cortes o los descuentos máximos del bono social vayan a convertirse en estructurales, como pide la Alianza contra la Pobreza Energética.

Entre las grandes reivindicaciones de los colectivos que trabajan con hogares vulnerables se encuentra la deuda que desde hace cuatro años están generando los hogares que se han acogido la prohibición del corte de suministro aunque hayan dejado de pagar las facturas de agua, gas o electricidad. Transición Ecológica sigue sin darles información de a cuánto asciende esta deuda ni cómo deberán saldarla una vez que termine la prohibición en enero del año que viene.

Por otra parte, la Alianza contra la Pobreza Energética lleva años reclamando que se articulen espacios de participación de las asociaciones sociales que trabajan en este ámbito, tal y como establece la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que expirará este año.

De cara al próximo año, el Ministerio deberá elaborar otra estrategia, para lo que el sector espera que en los próximos meses se lance una consulta pública. Según han ido apuntando desde los ministerios de Transición Ecológica y Derechos Sociales, es en este documento donde debería sustanciarse finalmente la eventual modificación de los requisitos para que las familias numerosas accedan al bono social eléctrico y al térmico.