El Gobierno de España decidirá enviar el recurso contra el fallo que anuló la Ley de Memoria Histórica en Aragón

El Gobierno de España decidirá enviar el recurso contra el fallo que anuló la Ley de Memoria Histórica en Aragón

El Gobierno de España se encuentra en una situación crítica después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anulara la Ley de Memoria Histórica en la comunidad autónoma. La decisión del TSJA ha generado un gran revuelo en el país, y ahora el Ejecutivo debe tomar una postura al respecto. En este sentido, se ha anunciado que el Gobierno de España evaluará la opción de presentar un recurso contra el fallo, con el fin de revertir la sentencia y proteger la integridad de la Ley de Memoria Histórica en Aragón. Esta decisión será clave para el futuro de la legislación y la memoria histórica en la región.

Gobierno de España decide recurrir a Tribunal Constitucional contra Ley de Memoria Histórica en Aragón

El Consejo de Ministros ha aprobado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que a juicio del Ejecutivo incumple el principio de deber de colaboración con el Estado en materia de memoria.

Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la decisión de recurrir la Ley 1/2024 de Aragón se ha tomado con el aval del Consejo de Estado y tras la negativa del Gobierno de Jorge Azcón (PP) a negociar sobre la norma.

El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido negociar y sentarse con el Gobierno de Aragón, ha sostenido Torres, quien ha señalado que el 2 de abril Moncloa comunicó oficialmente a Azcón su deseo de abrir un diálogo, pero el 16 de mayo Aragón comunicó por escrito que rechazaba esta invitación.

Incumplimiento del deber de colaboración con el Estado

El Consejo de Estado concluye que la ley aragonesa incumple su deber de colaboración con el Estado en la aplicación de la normativa nacional de memoria porque, por ejemplo, retira las placas de señalización de campos de concentración y lugares de memoria, elimina del sistema educativo la reparación de las víctimas y la vulneración de los derechos durante los años de la dictadura, elimina el mapa de fosas y dificulta el acceso a la información por parte de asociaciones memorialistas.

El ministro reprocha al PP y Vox, que gobiernan en Aragón, invisibilicen a las víctimas del bando democrático durante los años de la dictadura e impidan el trabajo de las asociaciones memorialistas, y ha avisado de que el Ejecutivo acudirá donde sea preciso para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura.

Futuras medidas contra leyes de memoria en otras regiones

Cuando se le preguntó si el Gobierno prevé tomar esta misma medida contra las leyes de memoria que tramitan otras regiones gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana o Castilla y León, Torres ha indicado que el Ejecutivo actuará en el momento en el que esas proposiciones de leyes se conviertan en leyes.

Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial (de diálogo) y luego también iríamos al Tribunal Constitucional, ha señalado el ministro.