- El presidente de la Junta de Castilla y León arremete contra el Gobierno central
- Cuatro grandes ejes de crítica
- Financiación autonómica privilegiada
- Amnistía y Estado de Derecho
- Pago indecente y perjuicio a la caja común
- Transferencias que afectan a intereses esenciales del Estado
- Desprecios y defensa de Castilla y León
El presidente de la Junta de Castilla y León arremete contra el Gobierno central
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inició hoy su intervención en el debate de política general con duras críticas al Gobierno central, al que acusó de suscitar la mayor división política, contestación social, descrédito internacional y tensión institucional de nuestra historia democrática.
Fernández Mañueco acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de renunciar a sus principios y asumir los programas de otros solo para aferrarse al poder como sea.
Cuatro grandes ejes de crítica
El jefe del Ejecutivo autonómico centró sus críticas en cuatro grandes ejes: la negociación de la financiación autonómica, la aprobación de la amnistía, la promesa de condonar 15.000 millones de deuda y las transferencias que afectan a intereses esenciales del estado.
Financiación autonómica privilegiada
Respecto al debate sobre financiación autonómica privilegiada, destacó que acabaría directamente con la solidaridad interterritorial en España y supondría coger el dinero de la caja común en beneficio de unos pocos. No hablamos de una financiación mejor o más justa, sino de pagar a los socios de Sánchez sus delirios separatistas, apostilló.
Amnistía y Estado de Derecho
Para Fernández Mañueco, la amnistía no cierra una etapa sino que refuerza las reivindicaciones separatistas para el siguiente paso que es la celebración de un referéndum. Asimismo, considera que rompe el Estado de Derecho y el principio de igualdad para consagrar privilegios intolerables, lo que es inadmisible para una tierra en la que tiene como principio arraigado que 'nadie es más que nadie'.
Pago indecente y perjuicio a la caja común
Pero esta concesión, con ser grave e infame, no es la única, continuó para referirse a las promesas de condonar 15.000 millones de la deuda de la Generalitat catalana, una cifra que, destacó, supera con creces los presupuestos de Castilla y León, un pago indecente y un grave perjuicio a la caja común.
Transferencias que afectan a intereses esenciales del Estado
En su memorial de agravios incidió también en lo que considera transferencias que afectan a los intereses esenciales del Estado, entre las que citó las infraestructuras básicas o la gestión de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Estamos ante unas cesiones que permiten que haya españoles de primera y de segunda. Con más o menos derechos según el lugar donde vivan, remarcó el jefe del Ejecutivo autonómico.
Desprecios y defensa de Castilla y León
Por otro lado, el presidente denunció a un Gobierno central empeñado en atacar a Castilla y León a la mínima ocasión, con desprecios especialmente sangrantes cuando proceden de alguien de esta tierra, en referencia a los ministros vallisoletanos de Transportes, Óscar Puente, y de Igualdad, Ana Redondo.
Frente a ello, señaló, se la Junta se mantiene firme defendiendo a Castilla y León, su imagen, su dignidad y, por supuesto, sus intereses.
Recordó que cuando se constituyó el nuevo Ejecutivo central envió una carta a todos los ministros recordándole las cuestiones de interés para Castilla y León, aunque solo dos de ellos respondieron a las misivas con una reunión, cuyos contenidos son muy escasos.
Parece haber dinero de sobra para condonar la gigantesca deuda de sus socios separatistas, pero no lo hay para soterrar el tren en alguna de nuestras capitales, indicó para enumerar algunas de las reivindicaciones tradicionales de Castilla y León respecto al Gobierno central: autovías y líneas ferroviarias pendientes, Corredor Atlántico, mantenimiento de las 346 paradas de autobús o ayudas para la ganadería.
El presidente de la Junta anunció que la Junta recurrirá a todos los medios jurídicos, constitucionales e institucionales para impedir las cesiones del Gobierno central.
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