El PSOE condena al Supremo por influencias políticas indebidas en su decisión de no amnistiar la malversación

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El PSOE condena al Supremo por influencias políticas indebidas en su decisión de no amnistiar la malversación

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha emitido un comunicado en el que condena rotundamente la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación de fondos públicos. Según el partido, esta resolución es consecuencia directa de las influencias políticas indebidas que han incidido en la toma de decisiones del máximo órgano judicial del país. El PSOE considera que esta situación es un ataque a la independencia del Poder Judicial y pone en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados que han participado en esta resolución. La formación política exige una explicación urgente y una rectificación inmediata de esta decisión, que según ellos, perjudica la confianza ciudadana en la justicia.

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La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha manifestado su disconformidad con la decisión del Tribunal Supremo de no considerar la malversación en la financiación del referéndum del 1-O como un delito amnistiable, calificándola de consideración política, sorprendente e innecesaria para su labor jurisdiccional.

Según fuentes de la Dirección del PSOE, es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas.

La decisión del Tribunal Supremo

La decisión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la ley de amnistía no se debe aplicar en el caso de malversación que afecta a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, lo que significa que las órdenes de detención continúan vigentes para los huidos, incluyendo el expresidente catalán y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Los socialistas han mostrado su respeto a las resoluciones judiciales, pero discrepan de los argumentos dados por el Tribunal Supremo para acordarlas. En concreto, cuestionan la interpretación del artículo 1.4 de la ley de amnistía, que establece que no se considera enriquecimiento la aplicación de los fondos públicos cuando no haya un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

Por su parte, el Tribunal Supremo entiende que el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista.

La reacción del PSOE

El PSOE defiende la voluntad del legislador y sostiene que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE.

Además, los socialistas celebran que el Tribunal Supremo no cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE.

Por último, el PSOE también celebra que el Tribunal Supremo renuncie expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE.

La confianza en el Estado de Derecho es absoluta, según el PSOE, porque España tiene un sistema que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales.

Javier Martín

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