El Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont
En un esperado fallo, el Tribunal Supremo español ha decidido mantener la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Esta resolución supone un golpe duro para el líder independentista, quien se encuentra actualmente en exilio en Bélgica. La orden de detención se dictó en el marco del proceso judicial abierto contra Puigdemont y otros líderes independentistas catalanes por su participación en el referéndum ilegal de independencia celebrado en octubre de 2017. El Tribunal Supremo considera que Puigdemont vulneró la Constitución española al promover la secesión de Cataluña. La decisión del Supremo complica aún más la situación del líder independentista, quien ya era objeto de una orden de captura europea.
El PP sale en tromba contra Sánchez por la amnistía
El Partido Popular ha reaccionado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se haya publicado la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta ley entra en vigor en un momento crítico para el proceso independentista catalán, ya que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido mantener la orden de detención nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Llarena mantiene la orden de detención contra Puigdemont
La providencia del juez Llarena establece que la orden de detención nacional contra Puigdemont, así como contra los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sigue en vigor. El juez ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía y a las defensas para que informen sobre la aplicabilidad de la amnistía a los distintos hechos que se atribuyen a los procesados.
El juez Llarena ha ordenado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que continúen vigentes y activas las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Comín, Puig y Rovira. También ha advertido que, por lo tanto, deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas.
Inhabilitación de Junqueras
Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del 'procés' ha dictado una providencia en la que da traslado a la Fiscalía, a Vox (como acusación popular) y a las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía en sus asuntos respectivos.
Los magistrados recuerdan que la ley de amnistía establece que sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (.) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley.
Por lo tanto, se mantienen de momento las penas de inhabilitación que pesan sobre Junqueras, Romeva, Turull y Bassa como consecuencia de sus respectivas condenas por malversación y desobediencia.
El 'caso Tsunami Democràtic'
La magistrada instructora del 'caso Tsunami Democràtic', Susana Polo, ha dado traslado a las partes personadas para que en 10 días informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a Puigdemont y al diputado electo de ERC Rubén Wagensberg.
Fiscales del 'procés' en contra de amnistiar la malversación
Fuentes fiscales han precisado que el Ministerio Público se limitará a responder a lo que le pregunten los tribunales y no hará un informe general sobre la ley de amnistía.
Los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- tendrán que informar a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de contestar a los magistrados de la Sala de lo Penal del TS.
Sin embargo, el criterio de los cuatro fiscales trascendió el pasado 30 de mayo, tras la reunión que mantuvieron con el jefe del Ministerio Público. Según fuentes conocedoras del encuentro, al término entregaron un documento en el que avisaban de que no están a favor de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont en el delito de malversación.
En el texto, los firmantes defendían que el expresidente sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE. No obstante, los fiscales aseguraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al procés.
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