- El Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont tras la publicación de la ley de amnistía
- El juez Llarena da cinco días a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y otros encausados
- Las partes deben pronunciarse sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía
- La Sala de lo Penal y los fiscales del procés también se pronuncian
- La ley de amnistía y el terrorismo
El Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont tras la publicación de la ley de amnistía
En un golpe a las expectativas de los independentistas catalanes, el Tribunal Supremo ha decidido mantener la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a pesar de la publicación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados. La resolución del alto tribunal llega después de que la Abogacía del Estado pidiera la revocación de la orden de detención en virtud de la nueva legislación. Sin embargo, los magistrados del Supremo han considerado que la ley de amnistía no se aplica en este caso, ya que la orden de detención se basa en delitos de sedición y malversación, que no están contemplados en la amnistía. Esta decisión mantiene la presión sobre Puigdemont, quien sigue con la orden de detención en su contra.
El juez Llarena da cinco días a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y otros encausados
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado un plazo de cinco días a las partes personadas en la causa del procés para que se pronuncien sobre la posible aplicación de la ley de amnistía a los encausados Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira.
La ley de amnistía, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), otorga al Poder Judicial la potestad de identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador. En este caso, el instructor debe identificar si los encausados por el procés deben beneficiarse de la medida de gracia.
Las partes deben pronunciarse sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía
En este sentido, las partes personadas en la causa deberán fijar su postura sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los hechos cometidos por Puigdemont, Toni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira. También deberán pronunciarse sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
La Sala de lo Penal y los fiscales del procés también se pronuncian
La Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés ha procedido de la misma forma que el instructor Llarena. Ha dado un plazo de cinco días para que la Fiscalía, la acusación popular y los abogados de Junqueras, Romeva, Turull, Bassa y Ponsatí formulen las alegaciones que consideren procedentes.
La Fiscalía se reunirá para tratar el asunto y tomará una postura sobre la aplicación de la ley de amnistía. Los fiscales del procés se reunieron hace dos semanas con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para tratar este asunto.
La ley de amnistía y el terrorismo
La magistrada Susana Polo abrió a finales de febrero una causa contra Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo. Los instructores han dado ya un plazo de diez días a las partes para pronunciarse sobre si el presunto terrorismo cometido durante las protestas contra la sentencia del procés encaja dentro de la ley de amnistía.
La ley de amnistía excluye los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales.
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