El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Generalitat valenciana contra la reducción del caudal ecológico del río Tajo, que afecta al trasvase de

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El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Generalitat Valenciana contra la fijación de un caudal ecológico en el río Tajo

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, contra la fijación de un caudal ecológico en el río Tajo. Esta decisión garantiza un mínimo de agua en el río y supondrá una reducción del trasvase al río Segura a partir de 2025.

El fallo del Tribunal Supremo

El fallo del Tribunal Supremo

El fallo determina que el Gobierno valenciano no aportó prueba técnica alguna de que la fijación de caudal ecológico sea arbitrario o desproporcionado. Por el contrario, avala el complejo procedimiento técnico para determinarlo. La sentencia también rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado y de Castilla-La Mancha de no permitir a la Comunitat Valenciana presentar el recurso, por falta de legitimidad.

La justificación del cambio climático

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, justifica la reducción del trasvase Tajo-Segura debido al cambio climático, que según sus palabras, en 2050 el agua puede disminuir entre un 14 y 40%.

Protestas de los regantes y partidos políticos

La sentencia desestimatoria ha generado protestas de los regantes, del PP y del PSOE. La Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia presentaron recursos contra la planificación del río Tajo debido a la disminución del agua que llegará a sus tierras.

El contexto político

La aprobación del tercer ciclo de planificación del río Tajo en enero de 2023 generó una gran polémica política. La introducción del caudal ecológico supondrá una disminución del volumen de agua trasvasada al Segura, lo que ha generado protestas y concentraciones de agricultores en Alicante, Murcia y Almería.

El futuro del contencioso

Aunque la sentencia del Tribunal Supremo es un paso importante en el contencioso, no es el final del camino. Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía están ahora enfrentadas por la fijación de las normas de explotación del trasvase. Un grupo de trabajo creado en febrero pasado trabajará en el marco de explotación del trasvase.

Javier Martín

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