- España suspende el plazo para la retribución del permiso parental hasta 8 años: ahora no se implementará hasta 2025, incumpliendo con el plazo establecido por la Unión Europea
- España incumple con la Unión Europea y suspende el plazo para retribuir el permiso parental hasta 2025
- La directiva europea de conciliación
- El incumplimiento de España
- Acuerdo de Gobierno y prioridad presupuestaria
- Dudas e incertidumbre entre trabajadores y empresas
España suspende el plazo para la retribución del permiso parental hasta 8 años: ahora no se implementará hasta 2025, incumpliendo con el plazo establecido por la Unión Europea
En un giro inesperado, el Gobierno de España ha decidido suspender la implementación del permiso parental retribuido hasta los 8 años de edad, medida que debía entrar en vigor en 2023 según lo establecido por la Directiva de la Unión Europea. Sin embargo, ahora se ha anunciado que esta medida no se pondrá en marcha hasta 2025, lo que supone un incumplimiento del plazo establecido por la UE. Esta decisión ha generado críticas y preocupación entre los sectores sociales y políticos, que ven en esta medida una oportunidad para mejorar la conciliación laboral y familiar en el país.
España incumple con la Unión Europea y suspende el plazo para retribuir el permiso parental hasta 2025
A partir del 2 de agosto, España incumple con la directiva europea de conciliación que obliga a retribuir al menos cuatro semanas de las ocho del permiso parental hasta los 8 años. El Gobierno español ha decidido posponer la retribución del permiso parental hasta 2025, lo que ha generado incertidumbre entre trabajadores y empresas.
La directiva europea de conciliación
La directiva de conciliación europea, aprobada en 2019, establece que cada trabajador tiene derecho a un permiso parental de cuatro meses antes de que su hijo cumpla 8 años. De este permiso, dos meses no pueden ser transferidos y deben retribuirse. La directiva dio un margen adicional hasta este mes de agosto para cumplir con esta última parte y permite a los Estados encajar estos requerimientos en su marco legislativo.
La ley de familias recogió este derecho al permiso, pero no especificó cómo y cuándo se iba a empezar a retribuir, lo que deja a medias el cumplimiento de la directiva. La pelota está en el tejado del PSOE, dicen fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que no renuncia a que se remuneren cuanto antes esas cuatro semanas, aunque no ven que el socio de Gobierno tenga prisa por hacerlo.
El incumplimiento de España
España cuenta actualmente con 19 semanas de permisos retribuidos, 16 semanas por nacimiento y 3 semanas más por la acumulación del permiso de lactancia. Sin embargo, la directiva obliga a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años. Estrictamente faltarían por retribuir 3 semanas más para cumplir con Europa, explica el diputado de Sumar Carlos Martín Uriza.
Acuerdo de Gobierno y prioridad presupuestaria
El acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge ampliar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso parental. Es una prioridad absoluta, añade el diputado de Sumar, que no tiene dudas de que el PSOE cumplirá con los compromisos del acuerdo de Gobierno que recogía ese compromiso de garantizar el pago de 4 semanas, una medida cuyo coste puede rondar los 250 millones de euros por semana pagada.
La multa diaria por no transponer a tiempo la directiva puede rondar los 53.600 euros, señala Carlos Martín. Desde el Ministerio de Hacienda no han entrado en detalles de la negociación presupuestaria en este tema.
Dudas e incertidumbre entre trabajadores y empresas
La ley de familias recogió ese derecho al permiso pero sin articular cómo se iba a retribuir, explica la responsable del área de derecho laboral del despacho de abogados Vento, Catarina Capeáns, que ve claro el incumplimiento y recuerda que, además de recogerse en los Presupuestos, es necesario un desarrollo reglamentario.
¿En qué porcentaje del salario se va a retribuir? ¿Quién asume el coste?, se cuestiona Capeáns. Estamos incumpliendo con Europa, lamenta Mamen Sánchez, asesora laboral en Adlanter, que cree que reconocer el derecho pero no concretar cómo y cuándo se iba a remunerar ha generado mucha incertidumbre entre empresas y trabajadores.
Que se incluyan en los Presupuestos es señal de que va a ser la Seguridad Social, es decir el Estado, quién se haga cargo del pago, pero habrá que hacer un desarrollo reglamentario para habilitarlo ya en todo caso para 2025.
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