La amnistía enfrenta un camino difícil en el sistema judicial

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La amnistía enfrenta un camino difícil en el sistema judicial

En un giro inesperado, la recientemente aprobada ley de amnistía se enfrenta a un camino difícil en el sistema judicial. A pesar de haber sido ratificada por el Congreso, la norma ya genera controversia entre los jueces y fiscales, quienes cuestionan su constitucionalidad. La principal preocupación radica en que la amnistía podría beneficiar a criminales y atentar contra la justicia. Mientras tanto, los defensores de la ley argumentan que busca reparar errores del pasado y favorecer la reconciliación nacional. En los próximos días, se esperan debates intensos en los tribunales, que definirán el futuro de esta polémica medida.

La ley de amnistía enfrenta un camino difícil en el sistema judicial español

Todo, absolutamente todo, está abierto. Incluida la cuestión previa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tenía ya preparado el Tribunal Supremo, incluidas las alegaciones pertinentes. El texto de la ley aprobada el pasado jueves en el Congreso difiere sensiblemente del que había elaborado el Gobierno en el que contó con el asesoramiento de juristas cercanos al PSOE pero que eran profesionales de reconocida trayectoria. Entre ellos, Cándido Gómez Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, sobre el que caen eternas sospechas de que daría el visto bueno a la legalidad la norma.

La tramoya detrás de la ley de amnistía: sospechas y polémicas

La tramoya detrás de la ley de amnistía: sospechas y polémicas

La clave de que todo esté hoy abierto es que aquella ley inicial fue enmendada posteriormente por tres personas a los que tanto Moncloa como los independentistas designaron negociadores: el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, hombre polémico pues hace años fue colaborador de ETA hasta el punto de ser condenado por participar en el secuestro del empresario Revilla. Además de él, han participado en la elaboración de la polémica norma, el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez; el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el ministro de Justicia Félix Bolaños.

La justicia española se prepara para el reto de aplicar la ley de amnistía

Los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo que condenó a los encausados en el procés, han redactado un informe de casi 150 folios en el que llegan a la conclusión de que la ley es inaplicable para al menos dos delitos, el de malversación y el de corrupción, y argumentan las razones legales para afirmarlo. Entre ellas, que se trata de delitos recogidos por la Justicia Europea y su Tribunal de Justicia, ante el que se presentarían cuestiones previas que paralizaría la aplicación de la amnistía hasta que se pronunciara el tribunal.

La reacción del poder judicial español a la ley de amnistía: todo está abierto

El delito de malversación afectaría directamente a Carlos Puigdemont, hasta el punto de que si regresa a España en junio, como pretende, para asistir a la sesión de investidura del presidente de la Generalitat, sería detenido y llevado a prisión. Los implicados en el caso de Tsunami Democrático estarían afectados por el delito de terrorismo, que para la Justicia europea no admite amnistía ni perdón.

Los jueces del Supremo coinciden en que la reacción que tenían preparada respecto al texto inicial hay que plantearla en función de la ley aprobada el pasado jueves. Se puede alegar que no es aplicable para los casos de terrorismo, o para los casos de malversación, o para los dos casos. Y también pueden alegar que esa ley es contraria a la Justicia europea, y en ese caso se presentaría una cuestión previa, o varias, ante el Tribunal de la UE.

Dan por hecho los jueces que el Fiscal General no va a tomar en consideración el informe de los fiscales, siguiendo la línea que ha mantenido desde que accedió al cargo, donde ha asumido todas las indicaciones de Moncloa.

La firma del Rey

Lo que está claro, y probablemente no lo había tenido en consideración el equipo de Pedro Sánchez, es que serán los jueces los que determinarán quién puede ser perdonado y quién no. Caso por caso y viendo todas y cada una de las circunstancias.

Natalia Vega

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