La Audiencia Nacional dicta sentencia de 18 años de prisión al jubilado burgalés que envió cartas explosivas a Moncloa y otras instituciones.
En un fallo histórico, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra un jubilado burgalés que envió cartas explosivas a instituciones clave del Estado, incluyendo la sede del Gobierno en Moncloa. El tribunal ha condenado al acusado a 18 años de prisión por delitos de terrorismo y homicidio en grado de tentativa. La investigación reveló que el hombre, que ya había sido condenado anteriormente por delitos similares, envió varios paquetes con dispositivos explosivos a various instituciones, incluyendo el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Defensa. La sentencia es un golpe contundente contra la violencia y el terrorismo en España.
Condena a 18 años de prisión a jubilado por enviar cartas explosivas a instituciones españolas y extranjeras
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia contra Pompeyo González, un jubilado de 74 años, condenándolo a 18 años de prisión por el envío de seis cartas explosivas a varias instituciones en 2022.
El jubilado, detenido en Burgos en 2022, fue procesado como autor de los hechos y acusado de terrorismo y fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Las cartas explosivas iban dirigidas a instituciones españolas y extranjeras, como el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de EEUU y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
Según la sentencia, los magistrados de la sección tercera de lo Penal condenan al jubilado a diez años de prisión por el delito de terrorismo y a por delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Los jueces han considerado que el acusado actuó con el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad española que ejerciese presión para que los gobiernos de España y de los Estados Unidos de América y otras entidades radicadas en territorio español dejasen de prestar apoyo a Ucrania en la guerra sostenida por este Estado contra Rusia.
La sentencia de la Audiencia Nacional ha sido dictada después de un juicio en el que se han presentado pruebas y testimonios que demuestran la responsabilidad del jubilado en los hechos.
Esta condena es un ejemplo del compromiso de la justicia española con la lucha contra el terrorismo y la protección de la sociedad civil.
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