La Comisión Europea exige a España que aplique el mínimo global del 15% del impuesto sobre las ganancias de las empresas en 2023

La Comisión Europea exige a España que aplique el mínimo global del 15% del impuesto sobre las ganancias de las empresas en 2023

La Comisión Europea ha exigido a España que aplique el mínimo global del 15% del impuesto sobre las ganancias de las empresas en el año 2023. Esta medida forma parte de la iniciativa para frenar la elusión fiscal y garantizar que las empresas paguen su justa cuota de impuestos. La aplicación de este mínimo global busca evitar la competencia desleal entre los Estados miembros y garantizar que las empresas paguen impuestos en función de sus ganancias reales. España debe ahora implementar esta medida para cumplir con las directrices de la Unión Europea.

La Comisión Europea exige a España aplicación del impuesto del 15% en grandes empresas

La Comisión Europea dio un paso más en su expediente a España y otros cinco países por no haber informado todavía de qué medidas tomarán para incorporar a su legislación nacional la nueva directiva europea que exige fijar un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a grandes empresas, una prioridad para Bruselas.

La directiva, aprobada en diciembre de 2022, introduce en la UE el acuerdo global alcanzado por 140 países en la OCDE para asegurar que las grandes empresas pagan un tipo mínimo efectivo del 15% en impuesto de sociedades en todos los territorios donde tienen actividad y desincentivar así que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o países con niveles muy bajos de impuestos.

Las normas se aplicarán a multinacionales y grandes empresas nacionales con una facturación anual superior a 750 millones de euros que tengan una matriz o filial en la UE. Estas incorporan las reglas para calcular la carga impositiva de las empresas de modo que si pagan en alguna jurisdicción un tipo inferior al 15%, el país dónde tienen su matriz pueda aplicar un impuesto complementario para que la contribución efectiva llegue a esa tasa.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había aprobado en Consejo de ministros el pasado diciembre el anteproyecto de ley para aplicar esta medida, pero aún está pendiente su tramitación parlamentaria.

En última instancia, Bruselas puede denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no recibe una respuesta satisfactoria en dos meses.

Incumplimiento de la Directiva de fusiones

La Comisión Europea también ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no eliminar las condiciones que impone para beneficiarse de un aplazamiento en el pago de impuestos tras una división empresarial.

La Directiva europea sobre fusiones establece que el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que resultan de una reorganización empresarial debe ser aplazado a una fase posterior de venta o disposición de los activos y acciones.

La Comisión Europea considera que la legislación española impone condiciones adicionales que no son requeridas por la legislación de la Unión Europea, lo que crea una distorsión en el mercado interior y genera desigualdad entre las empresas que operan en el mismo.

Bruselas abrió un expediente a España en 2019 por este motivo y, desde entonces, ha mantenido un diálogo con las autoridades nacionales en el que éstas han defendido que la legislación española respeta la directiva comunitaria.

La Comisión Europea, sin embargo, considera que los esfuerzos de España, hasta la fecha, han sido insuficientes, por lo que ha decidido elevar el caso a la Justicia europea, a la que podría solicitar que le imponga una multa por incumplimiento.

La Comisión Europea exige a España aplicación del impuesto del 15% en grandes empresas, una medida que se considera prioritaria para Bruselas.