La Comisión Europea inicia investigación a España por no abordar la discriminación en los contratos de interinos y profesionales temporales

La Comisión Europea inicia investigación a España por no abordar la discriminación en los contratos de interinos y profesionales temporales

La Comisión Europea ha decidido iniciar una investigación formal a España debido a la falta de medidas efectivas para abordar la discriminación que sufren los trabajadores interinos y profesionales temporales en el país. Según la Comisión, España no ha cumplido con su obligación de transponer adecuadamente la Directiva de Trabajo Temporal, que establece la igualdad de trato y protección para todos los trabajadores, independientemente de su estatus laboral. Esta investigación es un paso importante para garantizar que España cumpla con sus compromisos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el mercado laboral.

La Comisión Europea investiga a España por discriminación laboral

La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no resolver las condiciones discriminatorias en la contratación de trabajadores interinos, instando al Gobierno a incorporar correctamente a la legislación nacional la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada.

Según la Comisión, la legislación española contiene condiciones de empleo menos favorables, como los derechos de vacaciones, para los empleados interinos -con contrato de duración determinada- que trabajan en el sector público español en comparación con los empleados fijos. Esto representa una discriminación contraria al Derecho comunitario.

La Comisión ya inició este procedimiento de infracción en 2014 y aunque reconoce que desde entonces España ha modificado las normas, persisten los problemas de discriminación. En su segunda carta de emplazamiento adicional, la Comisión advierte de deficiencias en las diferencias de trato en relación con el cálculo de la antigüedad, el derecho a algunos tipos de permisos o el acceso a las trayectorias profesionales.

Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario. De no hacerlo, podrá dar un ultimátum de dos meses para su aplicación antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Además de la discriminación laboral, la Comisión también critica la presión del Gobierno sobre los jueces y la falta de independencia de la figura del fiscal general, lo que aumenta la gravedad de la situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo deben tomar medidas urgentes para solucionar esta situación y evitar la intervención del Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha demostrado su compromiso con la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el mercado laboral, y espera que España tome las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea.

La situación es grave y requiere una respuesta rápida y efectiva del Gobierno español para evitar las consecuencias negativas que podría tener esta investigación.