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Exclarisas afirman reconocer solo a la justicia ordinaria
Tras conocerse el contenido del comunicado emitido por las exclarisas de Belorado, el Arzobispado ha respondido con un comunicado propio, en el que se sale al paso de algunas de las afirmaciones vertidas por las religiosas excomulgadas.
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Monseñor Mario Iceta, Comisario Pontificio y Representante Legal de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, junto a la comisión gestora, recuerda a las exclarisas que el monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los acuerdos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español.
En el comunicado se reitera que el Monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, siendo por tanto un bien de titularidad eclesiástica. Desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él.
Las ocho religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de Clarisas son las legítimas propietarias del monasterio, asegura el texto. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad la afirmación de que se les «pretende echar hasta las puertas de la calle», como si fuera una decisión arbitraria.
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No obstante, desde el Arzobispado se destaca que no se tiene la intención de causar ningún perjuicio a las exreligiosas, quienes son merecedoras de respeto y consideración. Sin embargo, es ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión «libre y personal», hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada.
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En cuanto a la intervención de las cuentas corrientes, desde el Arzobispado se recuerda que, al haber sido nombrado un Comisario Pontificio, le corresponde a él la administración de los bienes y también, por tanto, la supervisión de las cuentas bancarias.
Así lo han reconocido todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora, aportando la documentación que acredita al Comisario Pontificio como Representante Legal de las entidades religiosas en cuestión.
Además, se destaca que la Comisión Gestora jamás ha expresado ninguna «amenaza al recurso a la fuerza pública» ni a ningún tipo de coacción. Nuestra actitud ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las exreligiosas.
En referencia al respeto y consideración, es preciso recordar que han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora. Asimismo, denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio.
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