La disputa por la posesión de los cementerios se llevará ante el tribunal
Una controversia que lleva meses generando tensión en la comunidad ha llegado a un punto crítico. La disputa por la posesión de los cementerios de la región se llevará ahora ante el tribunal, luego de que las partes involucradas no lograran alcanzar un acuerdo extrajudicial. La propiedad de estos espacios funerarios ha sido cuestionada por varios actores, incluyendo a la municipalidad y a varias organizaciones religiosas, cada una reclamando derechos sobre los terrenos. Ahora, el órgano judicial deberá intervenir para dirimir el conflicto y determinar quién tiene la posesión legítima de estos lugares de descanso eterno.
La disputa por la posesión de los cementerios llega a los tribunales: ¿Dónde está la legalidad?
Miguel Martínez de Lecea, un ciudadano afectado por la clausura de 592 panteones en el cementerio antiguo de Miranda, ha lanzado un llamado a la justicia y ha sumado a 140 personas a través de las redes sociales para canalizar las quejas relacionadas con esta medida.
El grupo a través de Facebook lo cree para que ver si había gente que pensaba como yo y he visto que no se está conforme con este atropello, afirma Martínez de Lecea, quien considera que la prohibición de enterrar es de dudosa legalidad.
Ante esta situación, Martínez de Lecea anuncia que consultará legalmente y si se confirman sus sospechas, acudirá a los tribunales. En caso de que se le diga que el Ayuntamiento obró bien, trataremos de hablar para negociar una moratoria mientras se hacen las obras, al margen de trasladarles el malestar que existe, afirma.
Miguel Martínez de Lecea lanza un llamado a la justicia: ¿Por qué se clausuran los cementerios de Miranda?
La prohibición de enterrar en el cementerio antiguo de Miranda ha generado un gran malestar entre la ciudadanía, y Martínez de Lecea no es el único que se siente afectado. La medida, adoptada por el Ayuntamiento el 15 de mayo, ha generado un gran debate sobre la legalidad de la misma.
Es complicado ponerse de acuerdo en una comunidad de vecinos, indica Martínez de Lecea, quien considera que la ciudadanía debe conocer la evaluación de riesgos laborales en base a la cual se adoptó esta prohibición. Porque creo que es algo que debe ser público, opina.
Además, critica que las obras que obligan a hacer a los dueños pueden dañar los panteones y perderse un patrimonio de la ciudad. En su caso, no se ha planteado acometer reformas, pero también apunta que al ser una gran cantidad de afectados habrá que ver si hay empresas suficientes, porque igual alguno que quiera hacer algo tiene que esperar y eso no se ha tenido en cuenta.
El promotor recuerda que en 1997 el Ayuntamiento dicta las primeras normas del cementerio y ese año se aprueba el decreto de prevención de riesgos laborales. Ante esta situación, Martínez de Lecea reflexiona sobre las 27 evaluaciones de riesgos laborales que se han hecho en el Ayuntamiento en este tiempo, y cuestiona el motivo por el que se toma ahora la medida.
La notificación oficial del cierre me llegó dos meses después, afea este afectado, quien lamenta que hay casos en los que ese aviso todavía no ha llegado. Además, menciona casos trágicos en los que se ha querido enterrar sin ser conocedores de que la prohibición les afectaba.
Los responsables municipales, con el concejal Guillermo Ubieto a la cabeza, han explicado que no tenían más remedio de tomar esta decisión, porque se arriesgaban a una Inspección de Trabajo que eran conscientes de que no pasarían, ya que por las condiciones de estos panteones el enterrador debía introducirse en el agujero para depositar el féretro.
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