La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CYL) celebró hoy en la sede del Consejo Económico y Social en Valladolid su vigésimo aniversario de trabajo y compromiso para defender los derechos de las personas de la Comunidad más vulnerables y empobrecidas.
El presidente de EAPN CYL, Óscar Castro, subrayó que la Comunidad no es de las autonomías punteras ni de las que presentan peores datos del Estado, algo que nos dice que hay que seguir trabajando y apostando por la colaboración conjunta.
Retos principales de futuro
Entre los retos principales de futuro que es preciso abordar, Blanco se refirió a la necesidad de visibilizar el trabajo que hacen estas entidades, con miles de trabajadores y voluntarios, que ayudan día a día a los más vulnerables. Es un trabajo poco reconocido, no suficientemente bien remunerado y valorado. Debemos hacer un esfuerzo como sociedad para que el trabajo social sea cada vez más visible, pidió.
Además, subrayó la necesidad de seguir poniendo en el centro de todas las políticas a las personas, deben ser quienes marquen la agenda política, y en tercer lugar afirmó que es fundamental que la sociedad sea consciente de que los problemas de los más vulnerables no son problemas de esas personas, sino que es un problema social.
El compromiso de la sociedad en su conjunto y el trabajo coordinado es el único camino para que estas personas salgan adelante y podamos orientarles para lograr un futuro más digno y lleno de esperanza, agregó.
Tasa AROPE y desempleo
Blanco se refirió a los últimos datos adelantados de la Tasa AROPE, que registró una ligera subida al pasar del 22,1 al 22,4 por ciento en España, un indicador arrastrado por el componente la de la tasa de privación severa, que ha evolucionado del cinco a seis por ciento.
Percibimos que la pobreza tiene rostro de mujer y el desempleo tiene la cara de una persona joven. Hay que poner más énfasis en las políticas activas de empleo y en la prevención y protección contra la pobreza infantil, subrayó, además de aludir a la vivienda como otro elemento de máxima preocupación.
Felicitación del CES y apuesta de la Junta
El presidente del CES, Enrique Cabero, felicitó a EAPN CYL por veinte años muy bien aprovechados y recordó que son ya 24 entidades las que forman parte de una red que (en datos de 2022) ya había atendido a más de 800.000 personas, con un número de profesionales y voluntarios extraordinario y un trabajo encomiable, gracias al cual ha coordinado los esfuerzos de organizaciones muy valiosas en el ámbito social en Castilla y León para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Por su parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, recordó que desde 2018 Castilla y León cuenta con la Red de Protección a las Familias vulnerables, que atiende cada año a más de 250.000 familias con un presupuesto que supera los 200 millones de euros, que se ejecuta mediante ayudas y recursos para que ningún ciudadano se quede atrás.
La EAPN forma parte de esta plataforma impulsada por el Gobierno autonómico, en la que se encuentran administraciones públicas (la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes) y entidades del Tercer Sector de Acción Social, con un objetivo claro: ofrecer una respuesta eficaz, unificada, coordinada, con garantías de acceso y proximidad.
A través de esta iniciativa autonómica, se otorgan ayudas de emergencia social para el pago del alquiler (con 9.700 personas atendidas en 2023), abonar la cuota hipotecaria (1.007 personas atendidas el pasado año) o cubrir necesidades de subsistencia, como gastos de alimentación, cuidados o alojamiento temporal, con 17.448 personas atendidas durante el ejercicio anterior.
Junto a ello, el Bono Social Térmico dirigido a los consumidores vulnerables, para que puedan hacer frente a los gastos de calefacción, agua caliente o cocina, con 95.000 personas beneficiadas el pasado año.
Además, fuera de la Red, la Junta de Castilla y León y EAPN CyL trabajan de manera conjunta dentro del proyecto europeo PACT, en la configuración de la Herramienta de Diagnóstico Multidimensional de la Exclusión (HDME), un instrumento mediante el cual se analizan las causas y los factores que provocan la exclusión social.
El Ejecutivo autonómico ha venido financiando este desarrollo con 143.000 euros (70.000 euros en 2023 y 73.000 euros en 2024), destinados, sobre todo, para la formación de profesionales de los servicios sociales de corporaciones locales y entidades del Tercer Sector.
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