En un nuevo desarrollo en el escándalo Koldo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que impute a dos altos funcionarios de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Transportes. Esta solicitud se produce en el marco de la investigación sobre presuntos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos, relacionados con la concesión de contratos y subvenciones en el sector ferroviario. La Fiscalía considera que estos funcionarios tienen responsabilidad directa en la gestión de los fondos y contratos que se investigan. La imputación de estos altos cargos supondría un nuevo golpe al gobierno y a las instituciones involucradas en este caso.
La Fiscalía Anticorrupción pide imputar a dos altos funcionarios de ADIF y Transportes en el escándalo Koldo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la imputación de dos altos cargos del Ministerio de Transportes y ADIF en relación con la trama de corrupción conocida como caso Koldo.
Los funcionarios en cuestión son Jesús Gómez García, subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, y Michaux Miranda Paniagua, jefe de personal de ADIF. También se ha pedido la imputación de Álvaro Sánchez Manzanares, quien en 2020 ejercía como secretario general de Puertos del Estado hasta que fue cesado hace unas semanas.
Además de la citación de estos tres imputados, el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha solicitado la declaración de varios testigos, entre ellos el expresidente de Puertos del Estado, , y la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Otros testigos citados son la jefa de contratación de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel; el secretario general de ADIF, Guillermo Martínez de Simón; el director general de organización del Ministerio de Transportes, Javier Sánchez; y el director de recursos humanos de ADIF, Martín José Navarro Vicent.
En su escrito, el Ministerio Fiscal reclama la práctica de todas estas diligencias después de analizar un informe policial del que se desprende que Jesús Gómez García, Álvaro Sánchez Manzanares y Michaux Miranda Paniagua podrían haber ejercido ciertas presiones para adjudicar contratos a la empresa Soluciones de Gestión, protagonista de la trama de corrupción.
En concreto, la Fiscalía asegura que los tres podrían haber influido sobre los responsables de algunas adjudicaciones, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión.
Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de tráfico de influencias y solicita la declaración en calidad de investigados de estos tres individuos.
Sobre Jesús Gómez García, el dictamen del Ministerio Público pone el foco en unos correos electrónicos que lo sitúan como correa de transmisión entre la esfera del ministro y los entes adjudicadores. En calidad de testigo, Gómez aseguró en sede policial que no había participado de forma directa o indirecta en la adjudicación de los contratos de Soluciones de Gestión. Pero para la fiscalía esta afirmación se ha revelado alejada de la realidad.
Por otro lado, la Fiscalía entiende que Sánchez Manzanares y Miranda estaban directamente vinculados a Koldo García y que lideraban las adjudicaciones llevadas a cabo por Puertos del Estado y ADIF. La primera de estas dos instituciones adjudicó un contrato de 24,2 millones de euros a Soluciones de Gestión y la segunda firmó el desembolso de 12,5 millones.
En el caso de Sánchez Manzanares, además, se indica que su relación con García era estrecha, tal y como evidencian llamadas telefónicas y correos electrónicos. Así, en ocasiones la empresa de la trama sabía que iba a ser adjudicataria de un contrato al menos tres días antes que el propio organismo que efectuaba la adjudicación, Puertos del Estado.
Por otro lado, la Fiscalía deduce de los informes policiales que Sánchez Manzanares mantenía relación también con Víctor de Aldama.
Fue Isabel Pardo de Vera quien dijo en sede policial que, pese a que no había recibido órdenes para la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión, sí que había recibido presiones del Ministerio de Transportes para que la adjudicación se realizara con la mayor premura posible.
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