La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo conceder la amnistía a Carles Puigdemont

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo conceder la amnistía a Carles Puigdemont

En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Fiscalía General del Estado ha decidido solicitar al Tribunal Supremo que conceda la amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Esta medida tiene como objetivo cerrar el proceso penal que se sigue contra el líder independentista, acusado de sedición y malversación de fondos públicos por su papel en la declaración de independencia de Cataluña en 2017. La solicitud de amnistía ha generado un gran debate en el ámbito político y social, y se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión en los próximos días. Esta noticia puede tener un impacto significativo en la estabilidad política de España y en el futuro de la relación entre el Estado y Cataluña.

Fiscalía pide amnistía para líderes del procés, incluido Puigdemont, por malversación y desobediencia

La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo (TS) que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los líderes del procés, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Ministerio Público también reclama la amnistía para los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y para los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Levantar órdenes de detención y archivo de la causa

Asimismo, aboga por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont, Puig, Ponsatí y Rovira. Y pide declarar el archivo de la causa que se mantiene abierta contra ellos.

Este pedido se basa en la ley de amnistía que entró en vigor la semana pasada y que según los fiscales, no hacerlo dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto en la norma.

No afecta a intereses financieros de la UE

Los fiscales defienden que la malversación del procés es amnistiable, entre otros motivos, porque los hechos probados en esta causa no contienen ninguna alusión o referencia a que se hubiere producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea.

Además, señalan que no se aprecian razones para entender que sea de aplicación la exclusión prevista en el art. 2.e) LOA, pues no consta que se vieran afectados los intereses financieros de la Unión Europea.

No hay enriquecimiento personal

Insisten también en que se puede amnistiar la malversación porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial.

Para los fiscales es lógico concluir que se debe amnistiar la malversación siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017.

Defienden la legitimidad de las condenas

En otro escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo, en el que pide aplicar la amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, la Fiscalía respalda las condenas impuestas y a los tribunales que juzgaron el proceso independentista catalán aunque vayan a ser amnistiados por decisión del Poder Legislativo.

El hecho de que los delitos cometidos sean amnistiados por decisión del legislador español no permite poner en duda la legitimidad de las condenas o la de los jueces y tribunales que las dictaron, señalan.

La entrada en vigor de la ley de amnistía no ofrece un nuevo trámite procesal que permita discutir o poner en tela de juicio la realidad de los hechos por los que los reos fueron condenados.

Criterio del fiscal general

Los informes aportados este miércoles recogen el criterio del fiscal general, que consiguió el aval de la mayoría de la Junta de Fiscales para pedir al Supremo que amnistíe la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos que se atribuyen a los encausados del procés.

La postura del fiscal general consiguió 19 votos -incluido el del propio García Ortiz- frente a los 17 que recabaron los fiscales del 1-O -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-, que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados del procés porque tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.