En un giro inesperado, la institución anticorrupción española ha manifestado su fuerte oposición a la intervención de la Fiscalía Europea en el caso Koldo, un escándalo que ha sacudido las estructuras políticas del país. Según fuentes cercanas al caso, la institución considera que la intervención de la Fiscalía Europea sería un precedente peligroso que podría menoscabar la soberanía nacional. La decisión ha generado un intenso debate político y ha puesto en el punto de mira a los responsables políticos que podrían estar implicados en el caso. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta oposición y cómo afectará al curso de la investigación?
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la intervención de la Fiscalía Europea en el caso Koldo
La Fiscalía Anticorrupción española se opondrá a que la Fiscalía Europea asuma la instrucción del caso Koldo, relacionado con la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Según fuentes jurídicas, la institución anticorrupción española considera que el organismo europeo no es competente para hacerse cargo de la instrucción de esta causa.
La investigación
El caso Koldo se refiere a la adjudicación de contratos de compra de mascarillas por parte de administraciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión. La Fiscalía Europea solicitó información adicional sobre la investigación del juzgado de Ismael Moreno, que está investigando los contratos adjudicados a esta empresa, y ha pedido que se le transfiera la instrucción de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción argumenta que no hay malversación de fondos europeos en los contratos investigados, por lo que no es competente para intervenir en la causa. La Fiscalía Europea, por su parte, considera que la totalidad de los contratos adjudicados por las administraciones públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo responde a una misma presunta organización criminal y debe ser analizado en su conjunto.
Consecuencias de la intervención de la Fiscalía Europea
Si la Fiscalía Europea asume la instrucción del caso Koldo, las acusaciones populares no podrán formar parte del procedimiento, según el reglamento de la Fiscalía Europea. Además, el juzgado de la Audiencia Nacional ya no sería competente y tendría que dejar la investigación completamente en manos de la Fiscalía Europea.
El juez Ismael Moreno ya ha recibido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tuvo conocimiento de los contratos investigados y de la empresa Soluciones de Gestión, de mano del que fuera su asesor Koldo García, uno de los principales investigados.
El juez ha pedido a Transportes los correos de dos altos cargos del actual Gobierno, Jesús Manuel Gómez y Javier Sánchez Fuentefría, que habrían participado en la gestión de los contratos.
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