La jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso
En un giro inesperado en el caso que ha generado gran polémica en los últimos días, la jueza encargada de investigar las presuntas irregularidades en la contratación de servicios en la Comunidad de Madrid ha decidido aplazar la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región. Esta medida ha sido tomada después de que la pareja de la mandataria regional haya solicitado más tiempo para preparar su testimonio. La expectación generada en torno a este caso ha sido máxima, y esta nueva vuelta de tuerca ha generado aún más incertidumbre sobre el futuro de la presidenta Ayuso.
La jueza aplaza la declaración de Alberto González Amador por fraude fiscal
La jueza Inmaculada Iglesias ha decidido aplazar la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad en documento mercantil.
La acusación popular, que representa al PSOE y Más Madrid, había solicitado que se investiguen cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.
Relación con Quirón
La acusación popular reclama la práctica de varias diligencias, como que se investigue la relación empresarial del novio de la presidenta regional con Quirón, que se analicen sus cuentas de 2019 a 2022, y que aporte la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.
La suspensión se solicitó al no haber podido esta parte analizar el informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, entregado a esta parte el pasado 12 de junio.
Nuevos delitos fiscales
La acusación entiende que se deben agravar los delitos fiscales que se le imputan a Alberto González por la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales radicadas en el extranjero, para cometer estos delitos.
Además, considera que la pareja de Ayuso podría haber incurrido en la presunta comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios, y delito contable.
Reacción del diputado de Más Madrid
El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha señalado que las acusaciones han tenido que examinar un expediente muy complejo recibido recientemente, y dada la complejidad del caso han solicitado nuevas diligencias en una causa en la que conviene saber más.
Críticas a la acusación popular
Fuentes del entorno de Alberto González ven el escrito como una jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la Fiscalía. Quieren que se investigue administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria, señalan.
Consecuencias del nuevo escrito
El nuevo escrito para que se amplíe la investigación sobre el que tendrá que pronunciarse la jueza viene a complicar la posibilidad de un acuerdo entre las partes, entre ellas la pareja de Ayuso, según apuntan a Europa Press fuentes jurídicas.
En su día, Alberto González propuso a través de su defensa aceptar 8 meses de cárcel, devolver 350.000 euros del fraude y el pago de una multa de 140.000 euros, más intereses.
Investigación en curso
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La jueza razonaba que supuestamente y como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros.
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal.
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