El consejero de la Presidencia reclama un estatuto del Pequeño Municipio para diferenciar tamaños en las obligaciones a los ayuntamientos
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, solicitó hoy al Gobierno un estatuto del Pequeño Municipio para diferenciar tamaños cuando se establezcan obligaciones a los ayuntamientos, considerando que no es normal que las exigencias legales sean idénticas o iguales sin diferenciar tamaños.
Es oportuno y queremos que sea por ley, trasladó el consejero, quien añadió que no se puede pedir lo mismo a una capital de una provincia que a un pequeño municipio de 200 habitantes. Según González Gago, las premisas de este estatuto deben poner el foco en la tramitación de sus normas, por ejemplo, para aprobar un reglamento local o para dictar una instrucción o directriz que pueda hacer un alcalde, que no puede ser igual en un ayuntamiento como el de Valladolid o en Pozuelo de la Orden, que es el pueblo del consejero, que tiene 75 habitantes.
Además, el consejero destacó que las obligaciones que tienen los pequeños municipios deben ser diferenciales también en la parte de la gestión económica, que es muy compleja porque hay que hacer muchos documentos contables; y esas exigencias son iguales para todo tipo de ayuntamientos. En los más pequeños, solo hay un secretario interventor, que es el único empleado público capacitado para realizar estas funciones y además habitualmente presta servicios a varios ayuntamientos, de tal manera que puntualmente solo asiste unas horas por la mañana a la semana a uno de ellos.
La necesidad de transparencia y canales de denuncia en las entidades locales
El consejero González Gago realizó esta petición durante su intervención en el desayuno informativo 'Transparencia y canales de denuncia en las entidades locales', organizado por Grupo Tribuna, en el que también participaron la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a las alcaldesas de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y la de Fuensaldaña, María Pilar Peña, así como el director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, Máximo López, y el letrado de la Comunidad Autónoma, Ignacio Sáez.
El consejero detalló dos elementos clave para las administraciones públicas en la vida moderna. Por un lado, se refirió a la transparencia de las mismas y, por otro, a la necesidad de contar con canales de información. Sobre el primer punto, reconoció: A todos se nos llena la boca sobre si atendemos muy bien al ciudadano y damos todo aquello que nos exige; pero en definitiva viene a ser un compromiso de que todo agente público, sea autoridad o funcionario, dé cuenta de su gestión y de su administración.
En cuanto a los canales de información, recordó que se han puesto en marcha a raíz de una Directiva Europea y que permiten que los ciudadanos o los propios empleados públicos de la administración transmitan actividades que consideran de cierto riesgo, inadecuadas, inapropiadas e incluso que puedan llegar a constituir corrupción, y que mantiene siempre el anonimato.
El consejero destacó que en materia de transparencia existe una ley del año 2013 que impone a las administraciones públicas el deber de publicar determinada información en su web, de forma activa y sin que nadie se lo pida. Sin embargo, esta ley también permite que cualquier ciudadano pueda pedir específicamente una documentación, un expediente con el que cuente sobre un asunto concreto.
La colaboración de la Junta con los municipios y las diputaciones provinciales
El consejero González Gago destacó que el comisionado de la Transparencia de Castilla y León ha manifestado que en la Comunidad hay dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones locales, como las diputaciones provinciales o los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que tienen capacidad para dar esa publicidad activa que exige la ley; y por otro, municipios más pequeños en tamaño que tienen, por problemas de personal, dificultades a la hora de llegar a cumplir totalmente lo que exige la ley.
El consejero aprovechó su intervención para manifestar la colaboración de la Junta con todos los municipios, y ensalzó también el apoyo de las diputaciones provinciales para ello. En todo caso, sostuvo que el panorama es diverso, por lo que animó a las corporaciones locales a que cumplan esa doble vertiente de información hacia la ciudadanía y de apertura de esos canales para que cualquier denunciante pueda hacerlo.
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