La ley de extranjería de España se convierte en un problema político para el Gobierno, después de generar desacuerdos con Canarias y no afectar a la c

La ley de extranjería de España se convierte en un problema político para el Gobierno, después de generar desacuerdos con Canarias y no afectar a la coalición CC-PP

En un giro inesperado, la reforma de la ley de extranjería en España se ha convertido en un problema político de gran envergadura para el Gobierno. Las discrepancias surgidas con el archipiélago de Canarias han generado un clima de tensión política, que ha llevado a cuestionar la capacidad del Ejecutivo para gestionar este asunto. A pesar de las críticas, la coalición CC-PP ha decidido no tomar partido en este tema, lo que ha generado aún más incertidumbre en el panorama político español.

Conflictos políticos en Canarias: el Gobierno y el Ejecutivo regional se echan la culpa mutuamente por el fracaso de la reforma de la ley de extranjería

El rechazo en el Congreso de los Diputados a reformar la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de menores migrantes ha causado una vorágine política entre las Administraciones y partidos implicados. El Gobierno central y el Ejecutivo canario se echan la culpa el uno al otro del fracaso en las negociaciones con el PP para que apoyase la reforma en el Congreso.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los ministros de Infancia y Política Territorial, Sira Rego y Ángel Víctor Torres, han sido los protagonistas principales de esta disputa política. Ambas partes de la coalición del Gobierno canario, conformada por CC y PP, desactivan las voces que pronosticaban una fractura en el Ejecutivo después de que el PP de Alberto Núñez Feijóo diese portazo a una propuesta firmada también por CC y en la que el PP canario estaba de acuerdo.

Estabilidad en la coalición

Fuentes nacionalistas del Ejecutivo canario confirman que no hay fricciones, hay estabilidad en la coalición. El coordinador general del PP en el archipiélago, Jacob Qadri, también despejó de todo peligro el acuerdo de coalición, al igual que Génova, que asegura la estabilidad en el Ejecutivo.

Por su parte, el PSOE canario pidió la destitución de los integrantes del PP en el Ejecutivo a la vista del fracaso de la votación en el Congreso.

Culpan al Gobierno de Pedro Sánchez

En Coalición Canaria, que registró con el PSOE y Sumar la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, culpan al Gobierno de Pedro Sánchez de no tener voluntad política para sentarse en una mesa con el PP para negociar los puntos que les proponían para apoyar la reubicación obligatoria de menores. A su juicio, estas condiciones no eran nada descabelladas, por lo que había base para negociar.

Además, también le acusan de no haber retirado la proposición de ley antes de la votación cuando ya sabían que no iba a salir adelante. Con ello, las negociaciones se hubieran extendido una semana más, argumentan desde CC.

Piden aprobar la reforma a través de un decreto ley

Ahora, el Gobierno canario pide aprobar la reforma a través de un decreto ley, que aunque no implica que se pueda volver a presentar una proposición en el Congreso, posibilitaría negociar a los grupos para dar solución a los niños y niñas migrantes que se encuentran en Canarias.

Sin embargo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya descartó este mismo miércoles esta vía, ya que el decreto ley, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, tendría que ser convalidado en 30 días y no cuentan con la seguridad de que el PP lo apoye.

Desavenencias entre las Administraciones

Estas desavenencias entre las dos Administraciones, que llevaban trabajando desde hace tiempo en el problema migratorio, se han hecho patentes de forma pública en las últimas horas.

Algunos anteponen la política e intereses partidistas a los menores, dijo el presidente canario, Fernando Clavijo, que en las últimas horas se ha mostrado decepcionado por lo que vio presencialmente en el pleno de este martes en el Congreso de los Diputados y no ha ocultado su enfado con los socialistas, a quienes critican por estar empecinados en no sacar adelante un decreto ley.

También pide sentarse durante estos días con el Gobierno y el PP de forma presencial para negociar cuatro puntos esenciales para que los populares apoyen la reforma de la ley de extranjería: la convocatoria de una Conferencia de Presidentes —que el ministro Torres ha avanzado será en septiembre—, que la ley deje clara la financiación que recibirán las comunidades, que se declare emergencia migratoria nacional y que las autonomías tengan un número mínimo de plazas.

La respuesta del Gobierno

La respuesta del Gobierno no deja lugar a muchas dudas. Insiste en descartar el decreto ley y asegura que ya atendió a muchas de las reclamaciones del Partido Popular. De hecho, el ministro Torres le devolvió la pelota a Clavijo asegurando que su compromiso era hacerse con los votos de su socio de coalición, que es el PP.

Sobre las acusaciones del presidente canario, Torres aseguró que Clavijo tiene que decidir si ataca a quien lo ha apoyado o si defiende a quien le ha dado la espalda y ha votado no, que es su socio de Gobierno”. La polémica está servida.