La nueva norma de seguridad en ascensores puede afectar a cuatro de cada diez unidades, con posibles reparos que ascienden a hasta 30.000 euros

La nueva norma de seguridad en ascensores puede afectar a cuatro de cada diez unidades, con posibles reparos que ascienden a hasta 30.000 euros

La seguridad de los ascensores se ha convertido en un tema de gran importancia en los últimos tiempos. En este sentido, la reciente implementación de una nueva norma de seguridad en este ámbito puede tener un impacto significativo en la industria. Según los expertos, esta norma puede afectar a cuatro de cada diez unidades, lo que supone un gran porcentaje de los ascensores existentes. Además, los reparos necesarios para adaptarse a esta norma pueden ascender a hasta 30.000 euros, lo que puede ser un gran desafío para los propietarios de edificios y empresas que los mantienen. En este artículo, analizaremos en detalle las implicaciones de esta norma y cómo afectará a la industria de los ascensores.

La nueva norma de seguridad en ascensores afecta a cuatro de cada diez unidades

La utilización de ascensores, una acción de lo más cotidiana, está a punto de cambiar a partir de este 1 de julio, momento en el que entrará en vigor la nueva normativa que marcará nuevas pautas en la regulación de la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

La ITV de ascensores entra en vigor: ¿qué cambios significa para los propietarios?

El Real Decreto 355/2024, aprobado el pasado 2 de abril por el Consejo de Ministros, afectará a más de 400.000 ascensores repartidos por todo el país, según estiman desde FEEDA. La nueva ITC de ascensores impone nuevas obligaciones a los propietarios de ascensores, que deberán asegurar que funcionen de manera segura y cumplan con la normativa.

La principal obligación del o los propietarios de un ascensor es asegurar que funciona de manera segura y que cumple con la normativa, es decir, que al igual que sucedía antes de que se aprobase esta modificación, el responsable debe encargarse de contratar un servicio de mantenimiento con una empresa autorizada que realice las revisiones necesarias.

La comunidad de vecinos tendrá un papel fundamental en la seguridad de los ascensores

Además, si ocurre alguna situación en la que se puede comprometer la seguridad, será el propietario el que deba informar a la empresa de mantenimiento de cualquier problema que pudiera poner en riesgo el sistema de seguridad del ascensor. La comunidad de vecinos tendrá un papel fundamental en la seguridad de los ascensores, ya que deberán asegurar que los ascensores cumplan con los requisitos de seguridad más recientes, coordinando las revisiones y el mantenimiento necesario con la empresa mantenedora.

El presidente de la comunidad deberá actuar como supervisor durante las intervenciones en los ascensores, asegurándose de que los trabajos de mantenimiento se realizan correctamente y dentro de los plazos establecidos.

Millones de ascensores en España deben adaptarse a la nueva normativa o quedar inutilizados

La nueva ITC introduce cambios significativos con requisitos de seguridad, aunque dependiendo de la tecnología de cada ascensor será necesario implementar unas medidas de seguridad u otras para mejorar la protección de los usuarios así como del personal de mantenimiento. Para superar esta nueva 'ITV', el ascensor deberá cumplir con unos mínimos, como la nivelación entre la cabina y planta, tener cortinas ópticas que aseguren la protección del usuario ante el cierre de puertas y disponer de un sistema de comunicación en el habitáculo para rescatar a usuarios atrapados.

El total de las mejoras previstas para todo el parque de ascensores existente en España tendrán un impacto económico de unos 708 millones de euros a abordar en 7 años, según datos del Gobierno. Se estima que estas medidas supondrán un incremento en los recursos necesarios para las actividades de mantenimiento y, por tanto, en los costes, de entre el 10% y el 20% respecto a la situación actual.

La normativa supone ampliar las obligaciones de las empresas conservadoras, siendo necesario entre otros requisitos contar con un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros por siniestro y garantizar durante un período de dos años la corrección de las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones encomendadas, según el Director de Cartera de Schindler Iberia.