Remodelación del edificio de la Policía Local y Bomberos de la avenida de Cantabria
La remodelación del edificio de la Policía Local y los Bomberos de la avenida de Cantabria iniciará el próximo mes de julio y se llevará a cabo por fases. Los trabajos se han adjudicado a Construcciones Grupo Herce por un importe de 7,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses.
Esta situación obligará a trasladar la actividad administrativa de los agentes uniformados y el centro de control de tráfico al edificio de Relaciones Laborales y los vehículos de Protección Civil a los talleres de maquinaria de la Junta, en la calle Madrid. La actuación cuenta con una ayuda de 3,3 millones de fondos europeos.
Obras de urbanización en el barrio de San Cristóbal
También en julio se iniciarán las obras de urbanización del barrio de San Cristóbal, según anunció el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. La empresa adjudicataria, Herrero Temiño, ha trasladado al Ayuntamiento que podría empezarlas este mes pero esperará a que finalicen las fiestas de San Pedro para iniciar los trabajos y evitar el parón en el que el sector de la construcción da vacaciones a sus trabajadores.
Las obras tendrán una duración de ocho meses y un coste de 1.152.415 euros.
Remodelación de la Alcalde Martín Cobos
El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, también anunció que se dan por iniciadas las obras de la última fase de remodelación de la Alcalde Martín Cobos, en el polígono Burgos Este, al firmarse el acta de replanteo. La actuación incluye la construcción de una glorieta a la altura de la Ventilla.
La obra tiene un coste de 2,1 millones de euros y se ha adjudicado a Construcciones Jacinto Lázaro.
Rescisión del contrato con la UTE
Finalmente, el Consejo de Urbanismo acordó la rescisión del contrato con la UTE (cooperativa Luis Labín, Hormigones Sierra y Construcciones Jacinto Lázaro) a la que se le adjudicó la urbanización del sector S-9 La Ventilla Oeste por incumplimiento. Las obras se tenían que haber iniciado en 2012 pero nunca se llevaron a cabo.
Las empresas han presentado alegaciones contra de esa decisión, argumentando que realizaron algunos trabajos. Las alegaciones han sido desestimadas por el Ayuntamiento, que ha remitido el expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León.
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