La reducción de jornada laboral podría generar problemas financieros a empresas que tienen contratos con el Estado

La reducción de jornada laboral podría generar problemas financieros a empresas que tienen contratos con el Estado

La reducción de jornada laboral, medida que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad, podría tener un efecto colateral no deseado en las empresas que tienen contratos con el Estado. Según expertos, la disminución de horas de trabajo podría generar problemas financieros en aquellas empresas que dependen de la inversión pública para llevar a cabo proyectos y servicios. Esto se debe a que la reducción de jornada laboral implicaría un aumento en los costos laborales, lo que podría afectar la viabilidad financiera de estos proyectos y, en última instancia, la capacidad de las empresas para cumplir con sus compromisos con el Estado.

La reducción de jornada laboral puede generar problemas financieros a empresas con contratos públicos

Las empresas con contratos en vigor con la Administración Pública para dar servicios externalizados o realizar obras se enfrentan a una situación complicada. La negociación de la jornada laboral puede traducirse en un nuevo incremento salarial que recortará el margen de beneficios, ya estrecho en la mayoría de los casos.

El origen de la situación

La Ley de Desindexación de la Economía y la de Contratos Públicos, aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis financiera, bloquean cualquier tipo de revisión de costes. Aunque el Ministerio de Hacienda abrió un paréntesis en el marco de la crisis de precios generada por la invasión de Ucrania, estas condiciones nunca se han extendido a los salarios.

Afectación a los servicios de los ayuntamientos

Los servicios de los ayuntamientos, que abarcan desde el mantenimiento de las instalaciones públicas hasta la atención a domicilio de personas mayores o con discapacidad, son especialmente afectados. Es habitual que los contratos se extiendan por varios años y los últimos cambios en salarios y cotizaciones sociales han llevado a algunas empresas a trabajar a pérdidas o con márgenes muy reducidos.

Preocupación por la reducción de jornada laboral

Varios asociados de la patronal han transmitido su preocupación por el cambio que la ministra de Trabajo lleva anunciando casi un año, pero que será un gasto inesperado y no planificado si llega a superar el trámite parlamentario.

Soluciones provisionales

Algunas empresas han optado por acordar revisiones de las condiciones de forma anual para aminorar los efectos de 'atarse' a un contrato público. Sin embargo, la redacción actual de la norma que regula estos acuerdos ahonda en el problema.

Criticas de los sindicatos

Los sindicatos critican que las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas o Estado) tengan que decantarse por la oferta más barata, lo que se traduce en que el Estado sea la principal fuente de precarización en unos sectores con mucho tiempo parcial y una mayor presencia de mujeres.

Impacto en las tablas salariales

Según la patronal, esta coyuntura no solo afecta a las empresas que tienen trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), sino que por el efecto arrastre de las tablas salariales repercute en muchas más nóminas.

Posible solución

El último borrador remitido por el Gobierno recogía la posibilidad de que los empleados que contaran con una jornada parcial pudieran mantener el mismo horario, lo que supondría un incremento adicional al que se le aplicaría a los trabajadores que desempeñen actualmente 40 horas a la semana.

Reacciones de los empresarios y sindicatos

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han protagonizado un fuerte intercambio de duras declaraciones. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a llevar una nueva propuesta el próximo lunes ante la ausencia de respuesta escrita de las patronales antes de avanzar hacia un acuerdo solo con los sindicatos.