La senadora Tudanca logra salvar la ley de derechos y garantías gracias a su firme defensa
En un giro inesperado en el desarrollo legislativo, la senadora Tudanca ha logrado salvar la ley de derechos y garantías, gracias a su firme defensa y perseverancia en el proceso de aprobación. La normativa, que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, estaba en peligro de ser derogada debido a la oposición de algunos sectores políticos. Sin embargo, la determinación y el liderazgo demostrados por la senadora Tudanca han permitido superar los obstáculos y garantizar la aprobación de esta importante legislación. El logro de Tudanca es un triunfo para la democracia y un reconocimiento a su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
El Grupo Socialista ha rescatado hoy la proposición de ley de derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida, presentada anteriormente por el entonces gobierno de coalición de PP-Cs y posteriormente por el exvicepresidente y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea. La iniciativa no llegó al pleno porque los actuales socios la pararon en la Comisión de Sanidad.
Luis Tudanca, portavoz del Grupo Socialista, explicó en rueda de prensa que el contenido de la ley es el mismo de la iniciativa de Igea, con la inclusión de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista en su frustrada tramitación. El objetivo es regular el derecho de las personas a ser atendidos de forma adecuada para que el final de su vida sea lo más digno posible y los profesionales tengan protección. Nada tiene que ver con la eutanasia, aseveró.
Tudanca advirtió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que si el problema era la presentación de la proposición de ley por Francisco Igea, lo que motivó el boicot en su tramitación, ya no tiene excusa porque la firma él como portavoz socialista. Tiene y debe ser aprobada sí queda un poco de conciencia y de humanidad, argumentó.
El líder de la oposición socialista recordó que es una ley necesaria y así se ha entendido en diez comunidades que tienen ya leyes para regular la mejor atención a los enfermos terminales. Rechazó el argumento del Grupo Popular de que lo que se pedía, ya se aplica. Subrayó que el presidente de la Junta la consideraba necesaria en 2019 cuando se acordó con su entonces socio de Ciudadanos.
Confío en que el PP se separe de Vox, único grupo que desestimó que la PPL siguiera adelante, y mantenga su posición anterior, porque se trata de la política útil y de servicio público, de humanidad, palabra que repitió en varias ocasiones.
El enfado del portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, con Francisco Igea, no puede ser el motivo para no aprobar esta ley, razonó Tudanca, que rechazó el bullying al que, en su opinión, somete el PP a quien fuera su socio, lo que calificó de infantil. Insistió en apelar a un compromiso ético y digno tanto con los pacientes terminales, como con sus familias y los profesionales.
La tramitación frustrada
La proposición de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, presentada por Francisco Igea, fue la primera ley que entró en las Cortes tras la constitución de la XI Legislatura. El exvicepresidente rescató la norma que no se pudo aprobar por el adelanto electoral.
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de junio de 2022, acordó su admisión a trámite, ordenó su publicación en el BOCCyL y su remisión a la Junta para que manifestara su criterio respecto a la toma en consideración, que fue favorable, con lo que se abrió la tramitación parlamentaria.
Su toma en consideración por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, con el único voto en contra de Vox, se produjo el día 7 de septiembre de 2022. Se trasladó a la Comisión de Sanidad y se abrió el plazo para la presentación de enmiendas, que sufrió cuatro prórrogas entre el 19 de octubre de 2022 y el 16 de marzo de 2023.
Finalmente, en junio la Mesa de las Cortes calificó las enmiendas presentadas por todos los grupos, excepto Vox, pero también el Grupo Popular, que registró 56 retiradas el 15 de septiembre, después de un enfado de su portavoz con Igea por el mensaje de éste en Twitter sobre la obesidad acompañado de una foto del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.
Tudanca recordó hoy que se manifestó en contra del comentario del procurador Igea e insistió en que no debe ser la excusa para que esta proposición de ley no se apruebe, ya que afirmó que, de existir acuerdo, podría tener luz verde de las Cortes a finales de año.
La tramitación no se paró ahí, ya que el retraso en la convocatoria de la Ponencia y Comisión por parte del PP, que la presidente, llevó a la denuncia reiterada de Igea en la Junta de Portavoces y en declaraciones a los medios.
El 29 de diciembre de 2023 la Ponencia emitió el informe de esta proposición de ley, sin aceptar ninguna enmienda de la oposición. La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2024, acordó no aprobar el Dictamen, decayó y no llegó al pleno, en un hecho insólito en la Cámara, como recordó hoy Tudanca.
Deja una respuesta