En un giro inesperado de los eventos, la propuesta de amnistía que pretendía cerrar una etapa de confrontación política en el país ha sido rechazada en el Congreso este jueves. La comisión de Justicia había dado el visto bueno a la iniciativa, pero finalmente no logró alcanzar los votos necesarios para su aprobación. Esta noticia llega como un golpe a las expectativas de aquellos que esperaban un cambio de rumbo en la política nacional. Ahora, el futuro de la propuesta de amnistía se vuelve aún más incierto, y se abre un nuevo capítulo en la senda de la amnistía, que promete ser tan emocionante como impredecible.
La senda de la amnistía: un recorrido lleno de giros y tropiezos en el Congreso
El camino de la amnistía, que comenzó el 23 de julio de 2023, aún no ha llegado a su fin. Todas las partes coinciden en identificar esa jornada electoral como el punto de partida de la ley de amnistía. Para unos, este es un motivo de deslegitimación de la norma, una contrapartida onerosa por la investidura de Pedro Sánchez. Para el presidente, en cambio, se trata de hacer de la necesidad virtud.
Mientras juristas, partidos políticos y medios debatían sobre una ley de la que poco se sabía, durante los primeros meses la amnistía se gestó en un ambiente de total secretismo. El PSOE y Junts pilotaban unas conversaciones discretas para investir a Sánchez. Del lado socialista llevaba la batuta Santos Cerdán, que enfrente tenía a una cúpula independentista encabezada por el mismísimo Carles Puigdemont.
El primer hito: el acuerdo entre el PSOE y Junts
El 9 de noviembre se conoció el primer hito en esta travesía: Junts y el PSOE presentaron un acuerdo que no solo incluía la elaboración de una ley de amnistía, sino que prometía impulsar comisiones de investigación parlamentaria en busca de posibles casos de lawfare, un término que irrumpió como un tifón en la política española y lo puso todo patas arriba.
La respuesta del Poder Judicial fue masiva y contundente: las cuatro mayores asociaciones judiciales, las tres asociaciones de fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Consejo Fiscal… Todos se pronunciaron en contra de las acusaciones de lawfare, excepto el fiscal general del Estado, que se vio inmerso en una gran polémica por negarse a actuar como un mero opinador de la actualidad.
La proposición de ley en el Congreso
Poco antes de que el PSOE y sus socios registraran la proposición de ley en el Congreso, una decisión judicial lo revolucionó todo: el instructor del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, reactivó una causa que llevaba cuatro años en el cajón, indicó que las revueltas organizadas en 2019 por Tsunami Democràtic podían ser un delito de terrorismo y apuntó a Carles Puigdemont como posible responsable.
A los pocos días, el 13 de noviembre, la amnistía entró al Congreso de los Diputados. La norma perdonaba los actos de terrorismo no condenados en sentencia firme, así como la malversación y los desórdenes públicos. Se perdonaban los actos sucedidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, cuando la proposición de ley ingresó en el Parlamento.
Además, la ley se tramitaría por la vía de urgencia, o así lo determinaron el PSOE y sus socios. Ya desde el comienzo, el PP impulsó una reforma en el Reglamento del Senado para lograr que la Cámara Alta tramitara la ley de forma ordinaria, en un plazo máximo de dos meses.
La tramitación en el Congreso
A medida que avanzaba la tramitación de la norma en el Congreso, un proceso que se llevó a cabo desde la Comisión de Justicia de la Cámara, los juristas comenzaron a advertir que dar el perdón a los delitos de terrorismo solo cuando no estuvieran condenados por una sentencia firme podría suponer un problema cuando la norma pasara el filtro del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con el instructor García Castellón investigando los actos de Tsunami Democràtic como presuntos delitos de terrorismo, estas dudas causaron pánico entre los partidos que negociaban la norma. En consecuencia, el PSOE pactó con Junts y ERC dos enmiendas transaccionales que el 23 de enero se aprobaron en la Comisión de Justicia.
En lugar de perdonar el terrorismo no condenado en firme, la norma perdonaba todo acto terrorista que no haya causado violaciones graves de Derechos Humanos. La nueva redacción se ideó, según dijo el Gobierno en aquel momento, pensando en que la norma fuera acorde con el Derecho europeo.
El juez García Castellón y el instructor Aguirre
Pasado el escollo, la proposición de ley pasaría directamente al Pleno del Congreso, donde estaba prevista su aprobación el 30 de enero. Una vez más, el juez García Castellón dictó un auto que torció los planes del bloque de investidura. El escrito afirmaba que los actos de Tsunami -esencialmente la revuelta organizada en el aeropuerto de El Prat en respuesta a la sentencia del procés- violaron el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos humanos.
Paralelamente, el juez que instruye desde Barcelona la trama rusa del procés, Joaquín Aguirre, apuntó a que Carles Puigdemont estaba tras varias maniobras que buscaron forjar alianzas con Rusia y alterar la unidad de España.
La aprobación en el Congreso y el Senado
El 14 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó la norma y la envió al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular añadiría nuevas trabas para su aprobación definitiva.
Finalmente, el 30 de mayo, la norma será aprobada en el Congreso, y los tribunales correspondientes tendrán dos meses para archivar las causas, anular las condenas o, en su defecto, presentar una cuestión prejudicial ante la Justicia europea o una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Se prevé que el Tribunal Supremo acuda al Tribunal de Justicia de la UE y, según juristas consultados por este periódico, la norma podría tardar hasta un año y medio en aplicarse.
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