- El Gobierno lanza un plan para proteger a los niños y adolescentes de los efectos nocivos de las tecnologías
- Un punto de partida
- Medidas importantes
- Orden de alejamiento virtual
- Penalización de los 'deep fakes' y el 'grooming'
- Control parental y edad mínima para redes sociales
- Tests sanitarios para detectar adicciones
- Alfabetización digital en las aulas
- Herramientas de verificación de edad
- Informe de diagnóstico en junio
- Estrategia nacional para otoño
El Gobierno lanza un plan para proteger a los niños y adolescentes de los efectos nocivos de las tecnologías
El Ejecutivo ha dado el pistoletazo de salida a su estrategia para prevenir y atajar los efectos nocivos de las tecnologías en los niños y adolescentes, con la aprobación del anteproyecto de ley de protección a menores en el ámbito digital.
Un punto de partida
La norma, que ha sido ratificada en primera vuelta en Consejo de Ministros, es el primer paso de un plan más amplio que se irá complementando con otras medidas y acciones en los próximos meses. Según la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se trata de una ley que apela y responde a una inquietud que compartimos la práctica totalidad de la ciudadanía de este país.
Medidas importantes
Entre las medidas más destacadas se encuentran la orden de alejamiento online, la reforma del Código Penal para castigar las ultrafalsificaciones o el grooming, test sanitarios para detectar adicciones o comportamientos nocivos en el ámbito digital entre menores, y la obligación de que todos los dispositivos tecnológicos cuenten, por defecto, con un sistema de control parental.
Orden de alejamiento virtual
La ley reforma varios puntos del Código Penal, entre ellos el artículo 39, para incluir una orden de alejamiento online, de tal manera que el agresor no pueda contactar con la víctima por redes sociales o mensajería instantánea.
Penalización de los 'deep fakes' y el 'grooming'
El anteproyecto tipifica como delitos los deepfakes pornográficos y el grooming, que es el engaño en línea a menores utilizando identidades falsas, falsificando la edad, el género o cualquier característica para poder acabar delinquiendo contra la libertad sexual del menor.
La futura ley establece que todos los dispositivos tecnológicos deberán contar, por defecto, con sistemas de control parental que se puedan activar nada más encenderse. Además, se eleva la edad mínima a la que se puede dar consentimiento al tratamiento de datos personales de 14 a 16 años, lo que repercutirá en la edad mínima permitida para crearse un perfil en redes sociales.
Tests sanitarios para detectar adicciones
La ley prevé la detección precoz, la prevención y la atención especializada desde el ámbito sanitario, de tal forma que los médicos de cabecera puedan identificar en los menores las patologías asociadas al uso inadecuado de dispositivos tecnológicos.
Alfabetización digital en las aulas
El documento recoge planes de formación específica, tanto para profesores como para los propios alumnos, en educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática, privacidad y propiedad intelectual o la protección de datos y los riesgos asociados a las redes sociales.
Herramientas de verificación de edad
El Ministerio para la Transformación Digital lleva meses elaborando un sistema de verificación de la edad junto a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con quienes espera tener definidos en los próximos meses un sistema fiable y eficaz.
Informe de diagnóstico en junio
El anteproyecto de ley irá acompañado de un diagnóstico realizado por un grupo de 50 expertos que presentarán el próximo 20 de junio, que revela que casi la mitad de los adolescentes usa internet más de cinco horas al día los fines de semana.
Estrategia nacional para otoño
El Ejecutivo tiene previsto tener definida una estrategia nacional de protección de los menores en el ámbito digital para octubre, en la que se recojan estas medidas y otras que hayan detectado como necesarias. La estrategia se irá revisando cada tres años para que pueda actualizarse a los riesgos que se vayan conociendo durante su implementación.
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