Los abogados del Estado solicitan 16 años y 6 meses de prisión para los hermanos Gallego en el juicio por corrupción y malversación de fondos.

Los abogados del Estado solicitan 16 años y 6 meses de prisión para los hermanos Gallego en el juicio por corrupción y malversación de fondos.

En un nuevo capítulo del juicio por corrupción y malversación de fondos, los abogados del Estado han presentado una solicitud de condena para los hermanos Gallego, imputados en este caso. La fiscalía considera que los acusados han incurrido en graves delitos y, por lo tanto, solicita una pena de 16 años y 6 meses de prisión para cada uno de ellos. Esta solicitud se basa en las pruebas presentadas durante el juicio, que supuestamente demuestran la participación activa de los hermanos Gallego en la malversación de fondos públicos y la corrupción en el ejercicio de sus cargos. El tribunal deberá ahora analizar la solicitud y dictar sentencia en un caso que ha generado gran interés público y preocupación por la transparencia y accountability en la gestión de los fondos públicos.

Abogados del Estado piden 12 años de prisión para hermanos Gallego en juicio por corrupción

El Colegio de la Abogacía de Burgos presentó hace unos días el escrito de calificación contra la exgerente de la entidad, María Teresa Gallego, a la que acusan, junto a su hermano Juan Antonio, de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por un supuesto desfalco que cifran en 840.900 euros.

Los abogados del Estado piden para la extrabajadora la pena de 12 años de prisión, tres más de los que reclama la Fiscalía. Para el otro acusado, la solicitud es de cuatro años y medio, también más elevada que la del Ministerio Público.

Las indemnizaciones que requieren a ambos superan el millón de euros. En las conclusiones presentadas por los abogados, se detallan numerosas operaciones que, sostienen, realizó Gallego durante años mientras ostentaba el cargo de gerente del órgano colegial.

Un empleo por el que, por cierto, cobraba al año 68.000 euros a los que habría que sumar alrededor de 20.000 en concepto de variables, objetivos y beneficios. Su condición le daba «pleno acceso a la totalidad de las cuentas», lo que significa que era ella quien ordenaba todas las transferencias, emitía cheques bancarios para realizar pagos a proveedores o quien se encarga de gestionar el dinero en efectivo.

Los abogados del Estado argumentan que María Teresa Gallego disponía de un amplio margen de maniobra para cometer los delitos que se le imputan, gracias a su posición de gerente del órgano colegial. Ahora, tanto ella como su hermano enfrentan una posible condena que podría ser significativa.

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