Suspendida la citación de Puigdemont en el 'caso Tsunami'
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado aplicar la amnistía en el caso de malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros implicados en el procés. Sin embargo, los fiscales del Tribunal Supremo se han opuesto a esta decisión y han invocado la reunión de la Junta de Fiscales para dirimir la diferencia de criterios.
Fiscales contrarios a la amnistía
Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han reiterado su oposición a amnistiar la malversación y han argumentado que la aplicación de la amnistía sería improcedente y contraria a las leyes. Según ellos, la malversación de fondos públicos por parte de los encausados sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros comunitarios.
A nuestro juicio la orden (de García Ortiz) es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas, expresa el fiscal Zaragoza en nombre de los cuatro.
Junta de Fiscales
Los fiscales han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la diferencia de criterios se dirima en una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, que se celebrará el próximo martes. Si tras la junta se impone la aplicación de la amnistía, los fiscales han advertido que no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.
Criterio del fiscal general
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito en el que defiende que se debe aplicar la amnistía a la malversación y considera insuficientes los argumentos de los cuatro fiscales del Tribunal Supremo en contra de amnistiar ese delito. Según García Ortiz, el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial.
Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados, aboga el fiscal general en el escrito.
La postura de los cuatro fiscales choca con la del fiscal general, lo que ha generado una disputa sobre la aplicación de la amnistía en este caso.
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