Ocho leyes en casi 80.000 páginas

Ocho leyes en casi 80.000 páginas

En un paso histórico hacia la transparencia y la accesibilidad, el gobierno ha publicado ocho nuevas leyes que revolucionarán la forma en que se gestionan los asuntos públicos en el país. Estas leyes, que abarcan más de 79.000 páginas, buscan modernizar y simplificar los procesos administrativos, garantizando un mayor control ciudadano y una mayor eficiencia en la toma de decisiones. A continuación, exploraremos los detalles de estas leyes y su impacto en la sociedad.

Castilla y León, entre las autonomías con menor producción normativa en 2023

La Comunidad de Castilla y León se situó en el año 2023 entre las autonomías con menor producción normativa, con un total de ocho textos legales, solo por detrás de Cantabria, con seis, y Asturias, con siete.

Según un estudio de la CEOE, recogido por Ical, la autonomía repitió el número de normas de 2022, cuando fue la comunidad que menos producción legal tuvo. En los dos últimos ejercicios, con el gobierno de coalición de PP y Vox, la autonomía ha registrado la menor actividad normativa al menos desde el año 2014.

Producción normativa en España en 2023

En conjunto, las autonomías españolas sacaron el año pasado 291 leyes, lo que supone un descenso del 14,4% respecto a las 340 de 2022.

A la cabeza en producción normativa se situaron Navarra, con 30 leyes; País Vasco, con 28; Aragón, con 26; y Andalucía, con 23.

El estudio empresarial precisa que en España, el Gobierno sacó 683 normativas de distinto rango, un 19,6% menos que en 2022, pero en un contexto «muy limitado» durante casi la mitad del año por las elecciones.

Criticas a la producción legislativa

Fuentes de la CEOE en la Comunidad trasladaron a Ical que es «evidente» que para el tejido empresarial, adaptarse y mantenerse al día con la legislación vigente supone «una dedicación considerable de recursos y esfuerzos que, sin duda, puede afectar negativamente a la competitividad».

Aseveraron responsables empresariales que tampoco hay que olvidar que «la ingente producción legislativa en nuestro país es una de las mayores trabas para los emprendedores españoles y es también uno de los principales lastres para su productividad».

Reivindicación de una administración más ágil

La organización empresarial reconoció que es cierto que Castilla y León está entre las autonomías con menor producción normativa, y que «sin duda, se está avanzando» en la simplificación y la reducción de trámites burocráticos, pero «aún necesitamos aumentar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas y la reducción de las cargas administrativas».

«Todavía queda mucho por hacer por conseguir una Administración más ágil», manifiestan de forma categórica desde la patronal.

Calidad y claridad legislativa

En este sentido, responsables de la patronal castellana y leonesa defendieron la «calidad y claridad» en el plano legislativo, «la necesidad de reducir cargas innecesarias o desproporcionadas para las empresas y eliminar barreras al libre establecimiento y ejercicio de la actividad empresarial».

«A nivel nacional, no puede ser que tengamos leyes a la carta, regulaciones a la carta, impuestos a la carta y cambio de leyes a la carta. Es imprescindible que traslademos confianza a los inversores, tanto nacionales como internacionales», sentenciaron los dirigentes empresariales.

Importancia de un marco jurídico estable

La CEOE en la Comunidad insistió en la importancia de establecer un marco jurídico «estable y confiable como pilar para el desarrollo económico y el bienestar social, siendo esta necesidad más patente en los contextos de incertidumbre política, que pueden afectar de manera negativa a la estabilidad empresarial, que es, en definitiva, en última instancia, el factor determinante de creación de empleo y de riqueza en la sociedad».

Por último, representantes de la organización empresarial autonómica alertaron de que la Unión Europea «no debería entrar en una espiral incontrolada de nuevas regulaciones».

La Comisión Europea y los colegisladores, indicaron, «deben respetar los principios de mejora de la legislación y su aplicación práctica durante todas las fases del procedimiento legislativo para hacer frente a la complejidad normativa, la burocracia desproporcionada y los retos en la aplicación y la rendición de cuentas del ejecutivo de la Unión Europea».