En el contexto actual, se ha levantado una denuncia que revela nuevas irregularidades en la urbanización de Aída Nízar, la cual se encuentra al borde de la quiebra tras haber dilapidado la cantidad de 500.000 euros. Dichas irregularidades han generado un impacto significativo en el desarrollo del proyecto, poniendo en entredicho la gestión financiera y administrativa de la urbanización. La situación se torna aún más delicada al considerar la magnitud de la suma de dinero involucrada, lo cual ha despertado la atención de diversos sectores e instituciones. Este nuevo episodio de controversia plantea interrogantes acerca de la transparencia y la legalidad de las operaciones llevadas a cabo en el marco de la urbanización de Aída Nízar.
Vecinos de urbanización de Aída Nízar denuncian millonarias irregularidades contables
Una denuncia ha sido interpuesta por un grupo de vecinos de la urbanización de Marbella perteneciente a Aída Nízar, Cabopino, acusando al presidente de la Comunidad de Vecinos y a la administradora de fincas de supuestas irregularidades contables de gran magnitud. La empresa constructora de la urbanización, que posee propiedades en la comunidad, no estaría pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), siendo este cargado a la Comunidad de Vecinos.
Escándalo en Cabopino: Presidente de la Comunidad acusado de apropiación indebida
El presidente de la Comunidad de Vecinos de Cabopino, Gianni Fieno, enfrenta acusaciones de apropiación indebida de inmuebles pertenecientes a la Comunidad, entre otras irregularidades. Se le señala por reacondicionar un espacio como baño con fondos comunitarios y alquilarlo sin autorización de la Junta de Propietarios. Además, se revela que la Comunidad asume gastos personales de los investigados, generando una situación económica comprometida.
Urbanización de Aída Nízar al borde de la quiebra tras dilapidar fondos
La urbanización de Aída Nízar en Cabopino se encuentra en riesgo de quiebra, según denuncias de los vecinos, quienes afirman que se han gastado de forma desmedida casi medio millón de euros en menos de tres años. La demanda solicita la remoción temporal de los investigados de sus cargos y propone la conformación de una Junta Rectora para restablecer la estabilidad económica de la Comunidad de Propietarios.
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