En un golpe importante contra la delincuencia cibernética, las autoridades rumanas han detenido a el principal ciberdelincuente español, acusado de más de 300 delitos de estafa. Según fuentes policiales, el detenido, cuya identidad no ha sido revelada, era considerado uno de los ciberdelincuentes más buscados en España y Europa. La investigación, llevada a cabo en colaboración con las autoridades españolas, reveló que el acusado había estado detrás de una serie de estafas online que habían afectado a cientos de víctimas en todo el mundo. La detención se considera un éxito importante en la lucha contra la delincuencia cibernética y se espera que proporcione valiosas pistas para desarticular redes de ciberdelincuencia.
Cazado en Rumanía: Principal ciberdelincuente español acusado de más de 300 delitos de estafa
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal supuestamente dedicada a realizar estafas a través de internet y liderada por uno de los ciberdelincuentes españoles más activos. El principal sospechoso, un ciudadano murciano, ha sido arrestado en Bucarest, Rumanía, y se le constan más de 300 denuncias.
La investigación, bautizada como operación Kalinka-Tirano, se inició en agosto de 2021 después de que la Guardia Civil recibiese cinco denuncias de personas que aseguraban haber sido estafadas después de que secuestraran sus cuentas de Whatsapp. A su vez, otras
Los agentes han analizado cientos de cuentas bancarias fraudulentas en las que han detectado movimientos de unos 10 millones de euros. La investigación permitió identificar a cinco miembros de la banda en las provincias de Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife, de los cuales cuatro fueron investigados.
El ciberdelincuente había usurpado más de 55 identidades
El cabecilla de la organización, autor principal de las estafas, había comprado una impresora industrial para imprimir documentos de identidad falsificados con los que después abría las cuentas bancarias con las que blanqueaba los beneficios de las estafas. En total, calculan los investigadores, abrió cientos de cuentas empleando más de 55 identidades usurpadas con las que movió más de 10 millones de euros.
El dinero después lo invertía en la compra de criptomonedas, dado que tenía una estación de minado en su casa. Con todas esas pruebas, el Juzgado de Pamplona solicitó la emisión de una orden europea de detención, mediante la cual los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron hasta su domicilio situado en el extrarradio de Bucarest.
Tras su detención fue extraditado y pasó a disposición del juez de la capital navarra, que decretó su ingreso en prisión provisional.
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