Siete Gobiernos Autonómicos Presentarán Recursos a Pedro Sánchez por No Convocar la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas

Siete Gobiernos Autonómicos Presentarán Recursos a Pedro Sánchez por No Convocar la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas

En un movimiento sin precedentes, siete Gobiernos Autonómicos españoles han decidido presentar recursos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a su negativa a convocar la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas. Esta decisión ha generado un gran revuelo político en el país, ya que la mencionada conferencia es un órgano clave para la coordinación y cooperación entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Los Gobiernos Autonómicos afectados consideran que la no convocatoria de esta conferencia es un incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ejecutivo y una afrenta a la autonomía de las regiones.

Siete gobiernos autonómicos reclaman judicialmente a Pedro Sánchez por no convocar la Conferencia de Presidentes

Los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia han anunciado que recurrirán judicialmente contra la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Estos gobiernos autonómicos, junto con otros ejecutivos de comunidades y ciudades autónomas, han llevado meses pidiendo la convocatoria de este órgano multilateral de cooperación para debatir con el Gobierno central sobre asuntos como la inmigración, la financiación autonómica, la falta de médicos o la política del agua.

Estos anuncios coinciden con el debate en el Congreso sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma de la ley de extranjería. El PP ha pedido al Gobierno que se reúna la Conferencia de Presidentes de forma inmediata para abordar este asunto, lo que el Gobierno no ve necesario puesto que se celebró una conferencia sectorial específica el mismo lunes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que el Partido Popular está en los ejecutivos con los que se ha abordado este asunto, entre ellos el de Canarias.

Reacciones de los presidentes autonómicos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la primera en anunciar un recurso, comunicando que su Ejecutivo iniciará acciones legales contra el presidente del Gobierno si no convoca inmediatamente la Conferencia de Presidentes, ya que no se reúne desde marzo de 2022 pese a que su reglamento estipula al menos dos sesiones al año.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de la conferencia y ha mostrado su confianza en que si Sánchez no está dispuesto a cumplir el reglamento, sean los jueces los que le obliguen a tener que escuchar a los presidentes de comunidades autónomas.

El Govern balear de Marga Prohens también ha informado de que la Abogacía de la Comunidad Autónoma interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la inactividad de Pedro Sánchez, por incumplir su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos.

En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la presentación de otro recurso para que el presidente del Gobierno cumpla con su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes.

El Gobierno valenciano ha dicho igualmente que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en respuesta a la negativa del presidente del Gobierno a convocar la Conferencia de Presidentes, que entiende como una deslealtad institucional.

Alfonso Rueda, de la Xunta de Galicia, ha asegurado que presentará un recurso contencioso administrativo para que el ejecutivo central deje de imponer de modo unilateral o de tratar bilateralmente con algunos territorios temas que afectan al conjunto de los ciudadanos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno. Si no han querido cumplir con el reglamento, lo tendrán que hacer porque se lo diga un juez, ha concluido.