Sumar pide a Sánchez que el alquiler de las 43.000 futuras viviendas impulsadas con créditos ICO ronden los 400 euros al mes
En un llamado a la acción, el partido político Sumar ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que establezca un límite en el alquiler de las 43.000 viviendas que se construirán gracias a los créditos ICO. La formación política considera que el precio del alquiler de estas viviendas debe rondar los 400 euros al mes, con el fin de hacerlas accesibles a la mayoría de la ciudadanía. Esta iniciativa busca paliar la crisis de vivienda asequible que azota al país, y Sumar espera que el Gobierno tenga en cuenta su solicitud para hacer realidad esta medida. La decisión final dependerá del ejecutivo, que deberá evaluar la viabilidad de esta propuesta.
La formación política Sumar ha expresado su apoyo al impulso del Gobierno para la construcción de 43.000 viviendas de alquiler social y asequible, pero ha instado a garantizar que la renta de estos inmuebles promovidos mediante préstamos y avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sea realmente asequible para las familias.
El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha propuesto que el alquiler de las futuras viviendas construidas con los 6.000 millones de euros movilizados por el Ejecutivo ronde los 400 euros mensuales, con el objetivo de que sean realmente asequibles.
Garantizar este nivel de precios permitiría, según la agrupación plurinacional, evitar que la ampliación del parque de vivienda en alquiler hinche todavía más el mercado privado. Ibáñez ha recalcado que su formación comparte con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la voluntad de ampliar el parque público de vivienda hasta el entorno del 9,5% en el que se sitúan otros países europeos, una cifra muy alejada del 2,4% de inmuebles que actualmente están en manos de las Administraciones Públicas en España.
El portavoz parlamentario de vivienda de Sumar ha celebrado la incorporación futura de 43.000 viviendas más, pero ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que las viviendas construidas sobre suelo público queden en manos privadas. Para evitar que esto ocurra, desde la formación de Yolanda Díaz reclaman que los inmuebles construidos a través de las líneas del ICO aprobadas este lunes sean gestionados directamente por las agencias de vivienda autonómicas y municipales que cuentan con competencias en la materia.
Ibáñez ha pedido que no pase lo de siempre y los pisos edificados sobre suelo público acaben siendo gestionados por promotoras privadas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado presente este lunes en la firma de los dos convenios entre el ICO y los Ministerios de Vivienda y Economía para impulsar la construcción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social y asequible.
El Ejecutivo ha activado así dos líneas de financiación para promotores públicos y privados con las que se pretenden movilizar un total de 6.000 millones de euros, de los cuales 4.000 millones serán a través de préstamos y 2.000 en forma de avales públicos.
Sumar considera que es fundamental que la gestión de estas viviendas sea pública y no privada, para garantizar que sean asequibles para las familias y no se conviertan en un negocio para las promotoras privadas.
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