Título reescrito: La amnistía judicial se desplaza del Parlamento a los tribunales: ¿Qué sucederá con Puigdemont y los demás posibles beneficiarios?

Título reescrito: La amnistía judicial se desplaza del Parlamento a los tribunales: ¿Qué sucederá con Puigdemont y los demás posibles beneficiarios?

La amnistía judicial, tema de gran relevancia en la actualidad política española, da un giro inesperado en su camino hacia la implementación. Después de varios meses de debate en el Parlamento, el proceso de aprobación de esta medida se desplaza ahora hacia los tribunales. Este cambio de escenario plantea varias preguntas: ¿Cuál será el destino de Cataluña y, en particular, de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas que podrían beneficiarse de esta medida? ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en el futuro político de España? En este artículo, analizaremos las posibles consecuencias de este giro inesperado y sus posibles efectos en la política española.

La amnistía judicial se desplaza del Parlamento a los tribunales: ¿Qué sucederá con Puigdemont y los demás posibles beneficiarios?

La aprobación de la amnistía en el Congreso de los Diputados no implica que la medida de gracia afecte automáticamente a Carles Puigdemont y el resto de condenados, procesados e investigados por delitos relacionados con el procés. Simplemente conlleva que los jueces y magistrados a cargo de todos estos casos comenzarán a actuar una vez la ley se publique en el BOE y entre en vigor.

El camino que se inicia este 30 de mayo es incierto y complejo. No hay certezas sobre cuándo y cómo acabará. Tampoco se sabe por el momento cuándo se publicará la norma en el Boletín Oficial del Estado. Pero una vez quede impresa negro sobre blanco, los jueces correspondientes tendrán un plazo de dos meses para decidir sobre su aplicación, tal y como dicta la propia ley.

El camino a la amnistía: incertidumbre y posibles paralizaciones en el TJUE y el Tribunal Constitucional

En el Tribunal Supremo, deberán actuar Pablo Llarena, que instruye los posibles delitos de malversación, desobediencia y desórdenes públicos cometidos por Puigdemont en el marco del procés; Susana Polo, que investiga al expresidente y al diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic; y la Sala Segunda del tribunal, que deberá revisar las condenas de la sentencia del procés.

En la Audiencia Nacional deberá analizar la amnistía la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que procesa a 12 personas por el terrorismo de los Comités de Defensa de la República (CDR), así como el instructor Manuel García Castellón, que investiga a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros, por supuesto terrorismo de Tsunami Democràtic.

La medida de gracia afecta también a diversos procedimientos dirigidos en juzgados y tribunales de Cataluña.

Hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. La única condición es que un juez dude de el encaje de la norma en el derecho europeo -en cuyo caso acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- o en la Constitución -en cuyo caso acudirá al Tribunal Constitucional-.

La amnistía judicial se activa, pero la incertidumbre sigue: ¿qué futuros pasos tomarán los jueces y magistrados?

Según fuentes consultadas por este periódico, es probable que el Tribunal Supremo decida acudir en primer lugar al TJUE, dado que el derecho europeo prevalece sobre el nacional.

El mecanismo es la cuestión prejudicial, a través de la cual se pregunta al tribunal si una norma, o una parte concreta de la misma, encaja en la legislación europea. ¿Qué ocurre en este caso? Que el Tribunal Supremo paralizará la aplicación de la ley de amnistía hasta obtener una respuesta del TJUE.

El artículo 4 de la ley de amnistía dicta el inmediato alzamiento de las medidas cautelares y de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales con la entrada en vigor de la ley. Y sin embargo, diversos juristas consultados señalan que este punto es contrario a la jurisprudencia del TJUE.

Fuentes consultadas señalan que el Supremo podría preguntar al tribunal europeo si la amnistía encaja en el derecho de la Unión, pero también sobre el encaje del artículo cuatro en concreto. En ese supuesto, según las fuentes, el alzamiento de las medidas cautelares y las órdenes de detención quedaría paralizado hasta que el TJUE resuelva.

En caso de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, tendrá la posibilidad -y el deber- de trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, si el juez ha dudado también sobre el encaje europeo de la ley y, en consecuencia, ha acudido primero al TJUE, deberá esperar a obtener respuesta antes de acudir al Tribunal Constitucional.

Según datos facilitados por el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la UE tardó una media de 16,4 meses en tramitar cada uno de los 808 asuntos resueltos en 2022.

En todo caso, al Tribunal Constitucional no solo pueden acudir los tribunales. También pueden hacerlo las comunidades autónomas y los partidos políticos que tengan más de 50 diputados, en este caso, el PP. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este mismo jueves que los gobiernos autonómicos del Partido Popular van a presentar ya mismo un recurso de inconstitucionalidad para tratar de tumbar la ley.