En un nuevo desarrollo en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, un grupo de legisladores ha cuestionado la intervención de la Fiscalía británica en el proceso judicial en curso. Esta intervención ha generado inquietud entre los defensores de la libertad de expresión y la transparencia, quienes ven en la persecución a Assange una amenaza a la libertad de prensa y la protección de las fuentes. Los legisladores argumentan que la Fiscalía británica ha excedido sus límites en la persecución del caso, y que su intervención compromete la imparcialidad del proceso. Esta situación ha generado un debate sobre los límites entre la justicia y la política en el Reino Unido.
Legisladores británicos cuestionan la intervención de la Fiscalía en el caso de Julian Assange
Un grupo de diputados británicos ha pedido a la Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes que investigue el papel de la Fiscalía británica en el proceso de extradición de Julian Assange, el programador australiano reclamado por Estados Unidos debido a las revelaciones de su portal WikiLeaks.
El exlíder laborista Jeremy Corbyn, su exportavoz de Economía, John McDonnell, el conservador David Davis, y la ecologista Caroline Lucas aducen que hay indicios de que el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) pudo excederse en sus competencias al asesorar al Gobierno sueco. Suecia había reclamado inicialmente a Assange en 2010.
Investigación sobre el papel de la Fiscalía
En el proceso judicial, el CPS ejerce de acusación en nombre de los países demandantes, primero Suecia por un caso hoy archivado y desde 2019 en representación de la Justicia estadounidense. Los diputados británicos cuestionan si el CPS fue influido por otra solicitud de extradición o si tenía como objetivo facilitar la posterior extradición de Assange a Estados Unidos.
En su carta a la comisión, los parlamentarios escriben que han salido a la luz pruebas que exponen al CPS a acusaciones de que juzgó mal, o posiblemente se excedió, en su papel al asesorar a las autoridades suecas sobre la extradición de Assange a Suecia.
Antecedentes del caso
Cuando Suecia requirió en 2010 la entrega del antiguo hacker para interrogarle por supuestos delitos sexuales, de los que no fue acusado y que él negaba, su defensa alegó que se trataba de una persecución políticamente motivada. En ese momento EEUU le investigaba después de que WikiLeaks revelara violaciones de derechos humanos del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán y se buscaba que fuera eventualmente extraditado al país norteamericano.
El futuro de Julian Assange
El australiano, de 52 años, afronta el próximo lunes una audiencia decisiva en la recta final de su proceso en el Reino Unido. Será cuando el Tribunal Superior de Londres evaluará unas garantías ofrecidas por Washington antes de decidir si autoriza su entrega a ese país o si, en cambio, le permite seguir recurriendo en Inglaterra.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han advertido de que el enjuiciamiento del programador informático en EEUU por la labor de WikiLeaks pondría en riesgo el periodismo en general y la libertad de expresión.
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